El Alto Representante la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó a través de un comunicado oficial que respalda al Gobierno de España en la decisión de llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios. Esa convocatoria la considera correcta debido al incremento de la escalada represiva contra opositores en el país centroamericano.
Los señalamientos del régimen de Daniel Ortega hacia el país europeo por poner en marcha esa iniciativa los consideran «inaceptables e injustificadas» luego que los Ortega-Murillo se dedicaran a insultar al Gobierno de Pedro Sánchez después que Madrid advirtiera que las elecciones en Nicaragua no serán creíbles.
La misiva dirigida por el canciller Denis Moncada indicaba que «la infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces, que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral».
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«La UE está unida en la condena de la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses y en la defensa de la democracia, el estado de derecho, el diálogo crítico pero respetuoso y los derechos humanos en Nicaragua», expresa el comunicado.
El diplomático consideró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, «deben detener esta espiral, cambiar de rumbo, liberar a todos los presos políticos y abrirse al diálogo».
La nota enviada por el Gobierno de Nicaragua también contenía supuestos señalamientos de «los crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados» de los GAL en los años 80 y la «feroz y brutal historia colonial y neocolonial de España». El comunicado que tiene el sello de Murillo concluye preguntándose «cómo es posible que, mentecatos al fin, se atrevan a dar lecciones de democracia, cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia».
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El miércoles 11 de agosto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la misiva enviada a España. En cambio, la Cancillería de Nicaragua ratificó sus críticas y respondió con «reciprocidad».
El dos de agosto, la Unión Europea sancionó a ocho personas más bajo el contexto de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. En el grupo de sancionados se encontraba la vicemandataria Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo, a quienes vinculan con las «graves violaciones de los derechos humanos».
