El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa aprovechándose de los recursos públicos y de los trabajadores del Estado para hacerle propaganda a su organización Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que erige a Ortega como único candidato, de cara a las elecciones generales de noviembre de 2021, confirma el quinto informe del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
El informe publicado este jueves, 15 de julio, señala que hasta el primero de julio se ha registrado el uso de recursos del Estado en actividades que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones del partido gobernante, en 57 municipios (37 por ciento) de los 17 departamentos y Regiones Autónomas del país.
Ortega- Murillo ha tomado ventaja de al menos de 23 entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional, alcaldías municipales, Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), el Ministerio de Salud (Minsa), la Empresa Nicaragua de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ministerio de Educación (Mined), Bomberos de Nicaragua y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua).
Para ello, ha tenido que rellenar sus actividades partidarias electorales con trabajadores del Estado, quienes, en algunos casos, participan «bajo amenazas, vigilancia, hostigamiento, represalias y otras acciones coercitivas que les obligan a ser partícipes».
El equipo multidisciplinario indica que «según reportes ciudadanos y denuncias anónimas recibidas, los trabajadores públicos están siendo obligados a participar en capacitaciones electorales, dar aportes económicos al partido FSLN que pueden rondar de los 30.00 a los 2,500.00 córdobas, dedicar horas no laborales a actividades del partido, solicitar su carné de militantes sandinistas, mostrar sus equipos electrónicos para revisión de redes sociales, y brindar informes periódicos a los secretarios políticos de sus centros de trabajo o de sus barrios», entre otros abusos.
Regulación de financiamiento electoral
Sumado a ello, Ortega-Murillo ha puesto en marcha un marco legal restrictivo para perseguir judicialmente a opositores bajo argumentos de que está regulando el financiamiento electoral.
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Sin embargo, el observatorio menciona que, de acuerdo con un análisis de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley Electoral se identificó que, los partidos políticos no son objeto de regulación de Agentes Extranjeros, sino que los tendencialmente regulados por esta son los organismos de la sociedad civil.
«La Ley Electoral no lo debe retomar porque dicha Ley 1040 no regula a los partidos políticos ni el financiamiento de tipo electoral como se puede comprobar en su artículo 1», detalla.
Persecución judicial como estrategia represiva
A pesar de la ilegalidad, entre el primero de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021, el observatorio registró 1,065 hechos de violencia política en el contexto electoral, siendo el mes de junio del presente año el más violento.
A partir del 16 de junio se observó que, por primera vez, los hechos de judicialización registran una mayor frecuencia que los de hostigamiento, lo que confirma que se profundizó la «persecución judicial como estrategia represiva».
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«Lo anterior comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de gobierno, tanto en las instituciones del Estado como en el proceso electoral, por lo que concluimos, que no existan controles legales o administrativos a las acciones irregulares del FSLN en un período supuestamente electoral, solo confirma la ineficiencia del Consejo Supremo Electoral y su incapacidad de administrar el actual proceso electoral», señala el informe.
