La situación de los presos políticos y excarcelados del régimen de Daniel Ortega es «alarmante» y quienes se encuentran bajo prisión deben ser puestos en libertad de forma inmediata, recomendó el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en su reciente investigación publicada este miércoles, siete de julio.
El informe titulado «Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política», recoge los resultados de una investigación sobre las violaciones contra personas detenidas entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020.
En ella se confrma que los más de 600 opositores detenidos en un periodo de dos años fueron sometidos a procesos arbitrarios e ilegales.
«Es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos», indica el documento.
Entre las violaciones se incluye la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a los abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros.
La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, responsabilizó al Estado de ser el responsable de la actuación de la Policía, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con total impunidad.
Por tanto, recomiendan liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de exreos polítios, sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
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Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
A su vez, permitir el retorno de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).
Los datos
Raza e Igualdad identificó que, entre abril 2018 y febrero 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales.
Casi un centenar de opositores (92 personas) fueron privados de libertad entre seis días hasta cuatro meses, «a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones», resalta el informe.
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El 51 por ciento de los procesos penales concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión, como en el caso del líder campesino Medardo Mairena. 96 opositores (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.
