A través de un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos de España exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y cesar la represión desatada desde el 2018 contra defensores de derechos humanos, así como opositores de su dictadura.
«Nicaragua vuelve a vivir una etapa oscura. Decimos vuelve porque no hace tanto que un grupo de jóvenes revolucionarios acabaron con la dictadura somocista (1934-1979)», señala la APDHE en su comunicado con fecha del seis de julios del 2021, y agregan que se cumplen 15 años desde que el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosa Murillo se instauraron en el poder «traicionando y sometiendo bajo su yugo a la población nicaragüense».
El organismo señala que el autoritarismo de Daniel Ortega está contra todo, empresarios, periodistas, opositores y contra toda persona que se reúna, manifieste, exprese o tenga contacto con el extranjero porque ya es calificado como «atentado con la patria».
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«Al amparo de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo o Ley 1055, creada a medida por el presidente (Daniel Ortega) se persigue a quien “menoscabe la independencia, soberanía y autodeterminación” y a quien “incite a injerencia extranjera en los asuntos internos (…)”», agrega la APDHE.
Otra de las aseveraciones del organismo defensor español es que las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 «parecen ser el leitmotiv de la escalada de detenciones extrajudiciales de opositores que hemos vivido en las últimas semanas, una “caza de brujas” de políticos, periodistas, organizaciones civiles o exsandinistas para mantenerse en el poder».
Condenan detenciones contra oposotirores
Entre los nombres de opositores y periodistas que resalta la Asociación Pro Derechos Humanos de España y que han sido victimas actuales de la dictadura Ortega-Murillo, están la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín, exdiputado del Partido Liberal Independiente (PLI). Además de Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro.
Además mencionan a los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, «diplomático acusado de atentar contra el país», Félix Maradiaga, «académico, defensor de los derechos humanos en Nicaragua y activista político, exiliado en 2018 tras una orden de captura, fue detenido en el momento en el que acudió a declarar al Ministerio Público por atentar supuestamente contra la Ley 1055».
También mencionan la detención en contra del precandidato Juan Sebastián Chamarro, «exviceministro de Hacienda y cuarto candidato presidencial detenido en su vivienda tras ser allanada». Además refieren que Humberto Belli, antiguo ministro de Educación tuvo que exiliarse en Miami, Estados Unidos, luego de ser acusado de «atentar contra los intereses del país y recibir recursos económicos del extranjero».
Entre los disidentes del sandinismo y que Ortega a tildados como traidores del sandinismo, la APDHE hizo mención de la exguerrillera Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Hugo Torres, Violeta Granera y Tamara Dávila, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Suyén Barahona, del grupo de la oposición Unamos.
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El brazo de la dictadura se extendió contra la prensa independiente, por lo que la organización mencionó en su comunicado al periodista Wilfredo Miranda, corresponsal del periódico El País, quien fue citado al Ministerio Público por el caso de la FVBCH y en la «entrevista» se le advirtió de ser acusado por la Ley de ciberdelitos.
Exigen libertad inmediata
La APDHE exige al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, preservar y garantizar los derechos fundamentales de la población nicaragüense, su integridad física y psicológica, «independientemente de su orientación política de acuerdo con el Derecho Internacional y la constitución del país».
«Que ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas retinadas en el contexto de las manifestaciones y bajo la Ley 1055», refiere el escrito.
Además llaman al dictador Ortega a iniciar un proceso de reconciliación con la democracia y velar para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento contra los opositores. «Que respete su compromiso con la comunidad internacional y obedezca los mandatos de los Derechos Humanos en toda su extensión, velando por el cumplimiento de la libertad de expresión, reunión, y asociación».
Desde finales de mayo de 2021, hasta la fecha, el régimen orteguista ha encarcelado a 26 ciudadanos, entre ellos opositores, empresarios, críticos políticos y periodistas, acusados bajo la Ley 1055, supuestamente por atentar contra la patria. Lejos de buscar una salida a la crisis política que vive Nicaragua desde el 2018, el régimen ha prometido seguir la represión.
