Familiares de los recientes 21 presos políticos de la dictadura de Ortega Murillo llegaron hasta las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote nuevo», para entregar una carta en la que demandan a las autoridades policiales, bajo control de Ortega, que se les permita comunicarse con sus parientes y llevarles alimentos; sin embargo los oficiales no quisieron recibirlo.
En el momento que los familiares de los presos políticos llegaron al lugar, los policías subordinados a la pareja presidencial impidieron a medios de comunicación llegar hasta el portón de «El Chipote» para dar cobertura, a su vez intimidaron y tomaron fotografías de todas las personas que se encontraban en el lugar.
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«Nos encontramos aquí en la carretera, en la calle, en medio de la lluvia, por que aquí se nos siguen violando nuestras libertades y también las de nuestros familiares, que tienen hasta 39 días detenidos, secuestrados arbitrariamente suponemos que están en El Chipote, por eso venimos acá hacer todas las gestiones; a llevar agua, a interponer recursos» manifestó Ana Lucia Álvarez Vijil, pariente de Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila Rivas, tras intentar acercarse a la dependencia carcelaria. Mientras los familiares intentaban dar entrevistas a los medios de comunicación, la Policía activó las sirenas de las patrullas para evitar que se les escuchara.
María Consuelo Céspedes, esposa del rehén de la dictadura Walter Antonio Gómez Silva, sostuvo que su cónyuge tiene 39 días «secuestrado» por los oficiales al servicio de la dictadura y que las autoridades competentes no les han brindado «señales de vida» en referencia a Gómez Silva.
Los familiares denuncian que «actualmente están detenidos y detenidas ilegalmente, sin que se le haya permitido el derecho humano de comunicarse con sus familiares y con sus abogados, visita familiar; ingreso de alimentación sólida, atención médica especializada y que se le garanticen y respeten sus derechos humanos» resalta el documento que la policía nacional no aceptó recibir.
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Álvarez Vijil recalcó que han ido «a los juzgados a interponer recursos, para que los presos políticos puedan tener contacto con el exterior, que se les garantice su derecho a una audiencia privada, una defensa con sus abogados de su elección; sin embargo nos negaron eso en el poder judicial. Venimos acá y nadie nos quiere recibir absolutamente nada, aquí hicimos un esfuerzo conjunto los familiares para que nos garanticen nuestro derecho a la visita, nuestro derecho a que nuestros familiares tengan una audiencia y nadie nos quiso recibir, es muestra de la colusión institucional que existe en este país».
Mientras tanto, el hermano de Suyen Barahona , presidenta de Unamos (Unión Democrática Renovadora) afirmó que «aquí lo que nosotros queremos es saber cuando vamos a poder ver a nuestros familiares, aquí venimos a diario a preguntar por ellos y ya estamos cansados, nosotros igual tenemos derecho de ver a nuestros familiares».
Ortega-Murillo mantiene un estado de sitio en Nicaragua. Durante los últimos meses ha impuesto un estado de persecución, asedio, hostigamiento y represión contra los líderes y familiares de oposición; la última ola represiva perpetrada por sus oficiales dejó en total 21 rehenes políticos, entre ellos, cinco aspirante a la presidencia, empresarios, lideres opositores y hasta banqueros.
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«No nos vamos a quedar así, vamos a ir hasta las ultimas consecuencias y hasta la ultima instancia nacional e internacional, no solamente para obtener la libertad de nuestros familiares sino de las 134 personas presas políticas, la libertad de nicaragua, además para obtener democracia, elecciones libre y transparentes; y justicia sin impunidad en este país» concluyó Ana Lucía Álvarez.