En medio de la escalada represiva que ha desatado la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que han encarcelado a más de 20 opositores, entre ellos a siete mujeres dirigentes feministas y políticas, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, mundial y regional, están pidiendo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), particularmente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, y a la CIDH, que intervengan de forma urgente en defensa de las feministas y activistas opositoras.
En una carta, dirigida a la Alta Comisionada Bachelet y a Margaret Macaulay, Comisionada y Relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones expresan su preocupación por la represión desatada en Nicaragua y la impunidad con que la actúa el régimen Ortega-Murillo; y resaltan su preocupación por la integridad de las mujeres detenidas por oponerse al Gobierno, por lo que piden a los organismos internacionales «un pronunciamiento e intervención que permita, entre otras cosas, poner fin inmediato a la persecución y represión de mujeres defensoras de derechos humanos y de sus organizaciones».
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«Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos un pronunciamiento y su atenta intervención en relación con la situación violatoria de los derechos humanos en Nicaragua, y más específicamente por las violaciones a los derechos de las mujeres que se ilustran a partir de los hechos ocurridos recientemente», inicia diciendo la misiva.
Las organizaciones firmantes del documento, piden a las representantes de los derechos humanos de la ONU y la CIDH que medien para la inmediata liberación de las feministas y activistas opositoras detenidas.
«Solicite autorización al gobierno de Nicaragua para realizar una visita liderada por su persona, en la que pueda constatar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (presos y presas políticas), así como otras violaciones de derechos humanos en el país, de manera que la situación y necesidades específicas de las mujeres sean atendidas. Ofrezca sus buenos oficios para realizar una mediación que tenga como resultado la liberación de los y las presas políticas en Nicaragua de manera inmediata», le piden a Bachelet, de la ONU y a Macaulay, de la CIDH.
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Señalan que «a inicios de junio, el gobierno nicaragüense empezó una nueva etapa represiva con el objetivo de impedir la participación de los opositores políticos más prominentes del país. En este sentido, se detuvo de manera arbitraria a Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Juan Sebastián Chamorro, Félix Madariaga Blandón, todos ellos son personas precandidatas vinculadas con diversos partidos y movimientos políticos. También fue detenido el líder gremial José Adán Aguerri Chamorro y los dirigentes políticos Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres», denuncian las organizaciones defensoras.
Y agregan que, adicionalmente, la policía detuvo a varias mujeres que han tenido un rol destacado en las movilizaciones sociales y políticas: Tamara Dávila, Violeta Granera, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, quienes además, «son lideresas sociales, feministas y defensoras históricas de los derechos de las mujeres, de la democracia y la libertad». A esa lista se suma la política liberal y exdiputada María Fernanda Flores Lanzas.
«A las organizaciones firmantes nos preocupa la impunidad con la que opera el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta Rosario Murillo, en particular, la integridad de luchadoras históricas que permanecen detenidas, y la amenaza cotidiana de caer presas que enfrentan las voces críticas de un Gobierno que violenta los derechos de las mujeres de manera sistemática», dice la carta enviada a las altas autoridades defensoras de los derechos humanos de las mujeres de los organismos internacionales.
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Además, solicitan «a las instancias del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos relativas a los derechos de las mujeres se pronuncien y actúen frente al deterioro institucional y la crisis de derechos humanos en Nicaragua y que exijan al Gobierno el cumplimiento de las obligaciones estatales de respeto y garantía de derechos para las mujeres y la ciudadanía en general».
Los organismos civiles firmantes de la carta hacen hincapié en que, además de las detenciones arbitrarias de las últimas semanas, se están dando otras prácticas violatorias que también constituye criminalización, «por ejemplo, a algunas personas que trabajan en organizaciones e instituciones investigadas se les han congelado sus cuentas bancarias, se les ha impuesto restricciones migratorias, han sido citados a declarar y algunos tienen órdenes de aprehensión. Todo lo anterior ocurre en un contexto en el que persiste una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho».
«La situación de nuestras compañeras en el marco de la detención es especialmente preocupante debido a que la violencia represiva y misógina desatada desde abril de 2018 se ha caracterizado por el uso de la violencia sexual en contra de las mujeres, en este sentido, destacan los testimonios sobre hechos de tortura, violación, humillaciones sexuales, y otras formas de violencia de género en centros de detención, por ejemplo, la desnudez forzada, la obligación de realizar sentadillas y el maltrato verbal. Todo lo anterior se mantiene en absoluta impunidad hasta la fecha», denuncian con vehemencia los defensores.
