Familiares de los más de 20 nuevos presos políticos de Nicaragua, informaron a través de una nota de prensa, acerca de la reunión virtual que sostuvieron el martes, 29 de junio, con diputados del Parlamento Europeo, en el que expusieron la actual situación que atraviesan los «nuevos rehenes» del régimen dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.
«Les presentaron información actualizada sobre la detención de Juan Sebastián Chamorro y otros 19 dirigentes sociales, políticos y empresariales que han sido declarados desaparecidos; ya que desde su detención las autoridades no informan de su paradero y les han negado el derecho de reunirse con sus abogados y familiares», señala la nota distribuida a medios de comunicación.
En la misma reunión, denunciaron la negativa del régimen de Daniel Ortega de acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recientemente ordenó la liberación de los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera.
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Además señalan que la Corte ordenó la implementación de las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente sus vidas, integridad y libertad personal de ellos y sus núcleos familiares».
Referente a la crisis que vive Nicaragua, los familiares de los opositores detenidos, afirman que se conversó acerca de las las acciones que desde el Parlamento Europeo se podrían impulsar para contribuir a la liberación de los detenidos y para encontrar una solución a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril de 2018.
Por su parte, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, dijo a Artículo 66 que en la reunión con los parlamentarios europeos, expuso que lo único que está exigiendo es poder ver a su esposo.
«Lo único que quiero es que den prueba de vida, lo que está pasando es totalmente ilegal; a todos los familiares de presos políticos nos tienen desesperados, nos sentimos impotentes al no poder hacer nada. Se debe hacer algo para que en Nicaragua haya un cambio».
Grave violación a los derechos humanos
En el mismo escrito citan al abogado Jared Genser, representante a nivel internacional de Chamorro y Maradiaga, quien asegura, según la nota de prensa, que la detención del ocho de junio en contra de ambos precandidatos «presenta violaciones graves del derecho internacional y violaciones del derecho nicaragüense».
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«Genser recordó que antes del ocho de julio, las autoridades nicaragüenses deben informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cualquier medida urgente que adopte para cumplir con la resolución de esa institución y posteriormente presentar informes mensuales sobre su cumplimiento», agrega el comunicado.
El defensor también expresó que el gobierno de Daniel Ortega nunca ha dejado de reconocer un fallo judicial de la Corte Interamericana, pero que «el incumplimiento en este caso constituiría una grave violación de sus obligaciones internacionales».
Hasta la fecha la dictadura de Daniel Ortega suma más de 20 nuevos presos políticos, a los que se les acusa de lavado de dinero y a otros de «traición a la patria». En las detenciones arbitrarias, el régimen ha aplicado su combo de leyes inventadas en 2020, la más usada, es la Ley 1055, «Ley de defensa de la soberanía», la que según críticos, está diseñada para silenciar a la oposición nicaragüense.
