Una constancia de antecedentes judiciales emitida con fecha del 25 de junio por la oficina de atención al público del Complejo Judicial Central, instancia de la Corte Suprema de Justica (CSJ), confirma lo que se ha venido denunciando desde hace semanas, que la dirigente opositora de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Coalición Nacional (CN), Violeta Granera, está «secuestrada» por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues dicha constancia establece que la activista opositora no tiene antecedentes judiciales hasta el 25 de junio, sin embargo, fue detenida por efectivos policiales el ocho de ese mes.
«Por este medio se hace constar que , conforme a la búsqueda realizada en el nuevo sistema de gestión de despacho judicial (NICARAO), que se estableció a partir del día diecinueve de noviembre de año dos mil siete, sistema en el cual constan todas aquellas causas que se encuentran registradas por la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), la suscrita responsable de la oficina de atención al púbico informa que: Violeta Mercedes Granera Padilla, quien se identifica con cédula de identidad número 281-061151-0001T, no tiene antecedentes judiciales», dice la constancia emitida por dicha instancia oficial del Poder Judicial.
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Agrega el documento oficial que «a solicitud de la parte interesada y para los fines que estime conveniente, se extiende la presente constancia en la ciudad de Managua a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno», y está firmada por la «Licenciada Miriam Dávila Navarrete, responsable de la oficina de atención al público del Complejo Judicial Central, Managua».
La activista política Violeta Granera fue detenida por efectivos de la Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo el ocho de junio, durante un operativo de allanamiento a su casa, ubicada al sur de la capital. Está siendo acusada por el supuesto delito de atentar contra la soberanía de Nicaragua, lo que el régimen ha dado en llamar «traición a la patria» segun la Ley represiva 1055. Junto a Granera han sido detenido bajo los mismos cargos, hasta ahora, al menos 21 opositores, entre ellos cinco precandidatos presidenciales.
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Testigos del asalto policial han relatado que Granera fue maltratada físicamente durante el arresto en el cual, primero la confinaron a su habitación pero horas después fue sustraída por vehículo sin identificación oficial y llevada a un lugar que no ha sido revelado por la Policía ni por el Poder Judicial, pese a que ya le realizaron una audiencia de garantías Constitucionales.
Según un comunicado dado a conocer el 11 de junio, a Granera le realizaron la llamada audiencia de tutelas de garantías constitucionales, sin la presencia de un abogado de su elección, donde un judicial orteguista a cargo del caso aceptó la solicitud del Ministerio Público de decretarle detención judicial por 90 días.
Esa audiencia judicial no consta en el documento emitido por el Complejo Judicial Central de Managua, que fue donde le habrían celebrado ese trámite judicial a la política opositora.
Experta en derecho penal analiza
La jurista y académica María Asunción Moreno, experta en materia penal, opinó que Violeta Granera, al igual que los otros 20 opositires deternidos en el mes de junio están arrestados de forma arbitraria.
«Es de conocimiento de todos que, una vez que Violeta (Granera) fue detenida, la Fiscalía solicitó la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales en la que un juez resolvió “la detención judicial” por 90 días, tiempo que solicitó la Fiscalía para investigar. Es decir que, según lo resuelto por el judicial en esta audiencia Violeta estará detenida mientras se lleva a cabo una investigación penal sobre hechos que no se conocen, ya que no se ha dicho cuál es el delito o los delitos que están investigando, porque la ley 1055 en el artículo uno, no regula ninguna conducta delictiva», explicó la abogada penalista.
Al referirse a la constancia, Moreno indicó que lo que dice ese documento es que Granera Padilla no tiene «antecedentes judiciales» eso quiere decir que ella no ha tenido ninguna causa judicial en el pasado por eso se habla de antecedentes. «Otra cosa es que actualmente según comunicado del Ministerio Publico ella está “siendo investigada” con base a la Ley 1055, la cual no es ley penal».
Agregó que en la constancia no aparece ninguna causa porque Violeta, al igual que los otros 20 secuestrados, «no han sido acusados formalmente ante los tribunales, por eso no se sabe cuáles son los delitos que supuestamente se están investigando y aún no tienen causa penal registradas en el sistema de gestión judicial conocido como Nicarao. Las causas judiciales se registran una vez que se presente la acusación por el Ministerio Público, por eso no aparece ninguna causa registrada según esa constancia. De tal forma que a Violeta aún no se le ha abierto ninguna causa penal sino que su estatus jurídico es el de “detenida para ser investigada”».
No obstante, según la especialista en derecho penal, «hay que dejar claro que todo lo actuado por la Policía, al momento de las detenciones y allanamiento, es ilegal porque no presentaron orden judicial y no se cumplió con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución y la celebración de la audiencia especial de forma secreta y en flagrante violación de garantías procesales como el principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa y a una audiencia pública previstas en el artículo 34, hace que todo lo actuado por estos funcionarios sea nulo, y por tanto los secuestrados deberían ser puestos en libertad de forma inmediata».
Familiares denuncian secuestro
Familiares de la opositora han reclamado desde el día del arresto que se trata de un secuestro pues el Estado de Nicaragua no tiene justificación jurídica para mantenerla detenida y además porque le han violentado todos sus derechos constitucionales.
«La CSJ dice que Violeta Granera no tiene antecedentes judiciales hasta el 25 de junio. Pero está detenida desde el ocho de junio. Se supone que, máximo tres días después, o sea, el 11 de junio debió ser presentada ante una judicial por asuntos de “garantías constitucionales”. Pero el 25 (de junio) dice la CSJ que no aparece en sus registros. ¿Entonces en calidad de qué está? ¿Presa sin ningún proceso? ¿Y la Jueza de garantías constitucionales, no debería de registrar su caso en el Poder Judicial? ¿Entonces es un vil secuestro?», reclama un mensaje hecho circular por la familia de la dirigente de la oposición.
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Y agregan que «la familia Sandino Granera queremos denunciar públicamente que nuestra madre se encuentra detenida ilegalmente, sin tener ningún antecedente ni proceso legal abierto, tal como lo confirma esta constancia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Si no tiene antecedentes judiciales al 25 de junio, ¿Por qué se encuentra presa desde el ocho?»
