El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció una vez más ante la Comisión Interamericana de de derechos Humanos (CIDH) la escalada represiva que ha desatado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la población, en medio de una crisis política que fue calificada por el organismo internacional como «extremadamente grave».
Durante una audiencia realizada este miércoles, 30 de junio por la CIDH, en el marco de su 180 Período Ordinario de Sesiones, la agenda fue dedicada para analizar la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua y para denunciar el recrudecimiento de la represión que, a consideración del comisionado Pedro Baca, busca asfixiar todo tipo de libertades en el país.
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La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, expuso en la sesión virtual que Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas y que su efecto sobre las personas ha sido tan devastador, pues «ninguna cifra puede revelar en toda su dimensión: son niños, mujeres y hombres con familia, son rostros conocidos en sus barrios y comunidades, que ante la impunidad siguen exigiendo verdad, justicia y reparación; y como muestra viva de tres años de terror, (al menos) 125 presos políticos permanecen encerrados en las cárceles injustamente. Todos deben ser inmediatamente liberados».
«No tenemos garantías que nuestros presos están bien», aseguran familiares de los nuevos presos políticos. Foto: Artículo 66 / Noel Miranda
Núñez de Escorcia afirmó que al aproximarse las elecciones generales, previstas para el próximo siete de noviembre, la crisis política se ha profundizado, «produciendo un quiebre irreversible de la democracia, por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia y regresividad que contiene la nueva Ley Electoral que regirá un proceso electoral que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular».
«El Cenidh denuncia cuatro ejes que violentan los derechos políticos y la democracia: el hostigamiento, vigilancia y persecución intensiva a opositores. La persecución a toda forma de expresión o manifestación. Restricción ilegítima a derechos civiles y políticos a través de leyes incompatibles con la Convención Americana y, la criminalización, detenciones arbitrarias y torturas contra precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y empresariales», expuso la presidenta del organismo nicaragüenses, al cual el orteguismo le confiscó sus instalaciones y arrebató su personalidad jurídica en 2018.
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La defensora de los derechos humanos detalló que en los últimos tres meses esa entidad ha documentado el impedimento violento de la movilización ciudadana, amenazas con armas, intimidación, amenazas de muerte, pintas con mensajes violentos, daños a bienes inmuebles, ofensas, y agresiones contra decenas de personas opositoras, perpetrados por agentes estatales y paraestatales, generalmente en casas y en reuniones de grupos sociales y políticos.
Además, explicó que los derechos a la libertad de expresión y manifestación han sido reprimidos por el Estado violentamente, imponiendo un clima de terror que imposibilita el ejercicio de estos derechos sin riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad. Especialmente se sigue criminalizando a los periodistas independientes aumentando cada día el número de las 2392 agresiones a la libertad de prensa que se han documentado desde 2018.
Núñez destacó que el contexto actual está marcado por la implementación de leyes contrarias a los derechos humanos que fueron aprobadas claramente como instrumentos de represión para impedir el ejercicio de los derechos políticos y remarcó que en el caso de las últimas detenciones, así como la mayoría de aprehensiones contra opositores «constituyen detenciones arbitrarias y son procedimientos aberrantes que no resisten un análisis jurídico, son acciones incompatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
«La persecución generalizada y las detenciones arbitrarias, aquí denunciadas una por una para que las recojan los anales históricos de esta Comisión, señalamos que las leyes represivas que se están aplicando tienen una doble finalidad: por un lado, adaptar la narrativa oficial que califica falsamente las protestas sociales de 2018 como Golpe de Estado e injerencia externa, y por otro, destruir con apariencia de legalidad, cualquier forma de oposición y participación política lo que hace por ahora imposible la realización de un proceso electoral transparente», denunció la abogada.
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Por su parte, la también integrante del Cenidh, Georgina Ruiz denunció que las reformas electorales y demás obstáculos impulsados por el Consejo Supremo Electoral, «no sólo constituyen un retroceso en el ejercicio de los derechos políticos de la población, sino que incumplen con las recomendaciones realizados por la OEA», y agregó que todas las acciones ejecutadas por el régimen de Nicaragua, «imposibilitan la realización de un proceso electoral transparente en un gobierno excluyente, centralista y autoritario».
En 2017 la Dra. Vilma Núñez fue víctima de una campaña de difamación. Foto: Cortesía
Pedro Baca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH dijo que «la represión que se ha desatado en Nicaragua asfixia las libertades individuales y los derechos humanos. Cuando escuchamos que la prensa (independiente) es terrorista de la información lo consideramos un tono muy alto. Que caldea el proceso. El caso de Miguel Mendoza (periodista detenido) es una evidencia de los ataques a la libertad de expresión».
En tanto, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la CIDH expuso que «lo que está pasando en Nicaragua es extremadamente grave. Se está agudizando y profundizando la represión debido a la falta de independencia de poderes».
Mientras que la presidenta del organismo internacional de derechos humanos, Antonia Urrejola, instó al Estado de Nicaragua a que cese la represión, exigió la la libertad de todos los presos políticos, «de los más de 120 presos políticos y la derogación de las leyes represivas que pretenden acallar las expresiones de protesta política».
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Arlette Serrano, del equipo del Cenidh pidió a la CIDH que emita un informe temático sobre la grave situación de los derechos políticos en el actual contexto electoral de Nicaragua y que pida al Estado «la derogación de las normas inconstitucionales e convencionales denunciadas en la presente audiencia; Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y cesar de inmediato la represión generalizada contra la población nicaragüense que demanda el respeto a sus derechos.
Proceder a la inmediata liberación de los más de 125 presos políticos detenidos arbitrariamente, incluyendo a los periodistas, candidatos, activistas sociales, dirigentes políticos y empresariales detenidos recientemente; y garantizar su participación política en las elecciones del presente año. Realizar reformas legales en consenso con la oposición nacional y garantizar la organización de instituciones creíbles para la realización de elecciones auténticas y transparentes que aseguren la libre expresión de la voluntad popular, con observación nacional e internacional confiable».
Asimismo, piden que, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, actualice su informe y eleve recomendaciones al Estado con relación al derecho a manifestarse, el cual es esencial para garantizar la democracia en el país.
Si. Por que ahora es delito hablar.