El organismo independiente de monitoreo Urnas Abiertas (UA) advierte, en su más reciente informe que la violencia política en el contexto preelectoral ha aumentado en Nicaragua, tanto en número como en la gravedad de los hechos, sobre todo, contra organizaciones de la sociedad civil, grupos opositores y la prensa independiente.
El documento, elaborado por la organización de la sociedad civil y que fue dado a conocer este 30 de junio, indica que entre el primero y el 15 de junio del presente se registraron 225 hechos de violencia política en el contexto electoral.
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Según los datos sistematizados por Urnas Abiertas, hasta el 15 de junio continuaron los hechos de persecución judicial iniciados en mayo, combinados con violaciones al debido proceso y otros tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente y judicializadas.
«Entre el primero de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021, las organizaciones que más hechos de violencia política en el contexto electoral han sufrido son las organizaciones políticas, seguidos por los movimientos sociales y los medios de comunicación. Otra situación de preocupación son las agresiones, amenazas y hostigamiento contra organizaciones de defensa de derechos humanos, especialmente personas que ejercen la defensa jurídica de las y los detenidos arbitrariamente», reza el informe, y agrega que, en ese mismo período «se han cometido 946 hechos de violencia política en el contexto electoral».
El informe del monitoreo a la situación política en el contexto preelectoral destaca que se sigue observando «el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad. Observándose una continuidad de lo que se conoce como el “derecho penal del enemigo”», lo que significa, según la organización de la sociedad civil, que cuando se considera a las personas procesadas como enemigos «el derecho se convierte en un instrumento de defensa o un arma de guerra porque desde esa perspectiva, el enemigo tiene menos derechos, perdiendo de esa manera el carácter garantista del sistema penal, y eliminando a los oponentes por la vía judicial».
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Es por ello, segun UA, que el régimen Ortega-Murillo está utilizando, en los casos de persecución judicial ejecutados en junio mecanismos ilegales y arbitrarios como la detenciones arbitrarias sin oportuno control judicial; allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes; prolongación de prisión preventiva a 90 días; causas judiciales sin fundamentación sólida; imputaciones sin determinación de delitos; incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal; violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su elección, y audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal elegida por el detenido.
El reporte indica que, a menos de cinco meses de los comicios generales previstos para el próximo siete de noviembre, las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso electoral justo y transparente, y advierten que con ese panorama ese proceso «desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen».
Irregularidades en Consejos Electorales Municipales
Tras el anuncio hecho el miércoles 23 de junio, por el Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre el nombramiento de los 153 Comités Electorales Municipales (CEM) en todo el territorio nacional, UA señala que se han registrado una serie de irregularidades que indican la manipulación por parte del régimen de esas estructuras que son vitales durante las elecciones.
«Urnas Abiertas recibió reportes de una serie de irregularidades en el proceso de conformación de CEM, entre las que se encuentran: aislamiento de funciones al Segundo Miembro; usurpación de funciones por parte de militantes del FSLN o por Administradores/Coordinadores de los Consejos Electorales Departamentales (CED) quienes deberían de ejecutar únicamente tareas administrativas, usurpando de esta manera las responsabilidades de estos organismos de administración electoral; juramentaciones en ausencia; los partidos no recibieron las actas de juramentación; mítines políticos partidarios durante la juramentación; convocatorias en diferentes horarios para confundir a las ternas elegidas para los CEM; señalamientos de falsa membresía partidaria, y secretismo general en el desarrollo de esta actividad del calendario electoral», denuncian.
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UA, en sintonía con entidades nacionales e internacionales, enfatiza que el Gobierno de Nicaragua debe garantizar condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos que son parte de la contienda electoral.
Entre las condiciones básicas para que las elecciones tengan un mínimo de apertura, indican que «debe liberarse a todas las personas presas políticas, incluyendo a los cinco aspirantes a la Presidencia y demás liderazgos opositores. Detener la persecución judicial que se ha iniciado contra la oposición organizada. Cesar la represión, la violencia política y el estado policial, desarmando a parapoliciales y garantizando además el derecho a reunión, asociación pacífica, movilización, opinión, expresión y libertad de prensa, es fundamental que se garanticen los derechos de elegir y ser electo».
Además, «restructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Derogar la reforma Ley Electoral reciente, Derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la justicia para la persecución política y garantizar la observación nacional e internacional independiente, fidedigna y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos Humanos con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la OACNUDH (Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)».
