El observatorio nacional Urnas Abiertas advirtió este lunes, 31 de mayo, que la violencia política en Nicaragua continúa en aumento en el contexto de las elecciones nacionales previstas para noviembre próximo.
El segundo informe presentado este día indica que entre el 1 de abril y el 15 de mayo del presente año se registraron 279 hechos de violencia política siendo estos de manera individual, grupal o institucional, generando la identificación de 267 víctimas. En el periodo del 1 de octubre de 2020 al 15 de mayo de 2021, el grupo independiente contabiliza un total de 602 hechos de violencia de carácter político.
El documento describe tres aspectos que representan el ambiente preelectoral en nuestro país: el hostigamiento a liderazgos de organizaciones políticas, el acceso parcializado al derecho a reunión y el uso de recursos públicos en la precampaña electoral por parte del gobierno.
También abarca los hechos acontecidos dentro del periodo electoral que dio inicio con la entrada en vigencia del calendario electoral publicado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), en mayo; las reformas electorales y la entrada en vigencia de las leyes restrictivas aprobadas desde 2018.
El equipo multidisciplinario detalla que 178 (63.80 por ciento) de los hechos de violencia política registrados fueron de hostigamiento, realizados principalmente por la Policía (86.51 por ciento).
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En referencia al estado policial de facto hacia los distintos sectores de oposición y todo aquel que tenga una postura diferente, refieren que «el rol de la Policía Nacional en el proceso electoral preocupa no solamente por los hechos de violencia política que ejercen contra personas opositoras, sino también por su participación activa en eventos político-electorales del FSLN (partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional), en total contradicción con la naturaleza apolítica y apartidaría que este cuerpo armado debería de tener por ley».
«Al igual que en el informe anterior, la forma de hostigamiento que más se repite es la presencia policial afuera de las casas de habitación de las personas opositoras. En algunos casos se reportaron, otra vez, que oficiales de la Policía establecieron casa por cárcel de facto, ya que ninguna de estas personas cuenta con dichas medidas cautelares».
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El observatorio ciudadano también señala la cancelación arbitraria de las personerías jurídicas de los partidos políticos PC (Partido Conserevador) y PRD (Partido de Restauración Democrática).
Destaca que la violencia contra medios de comunicación independientes en los últimos días ha sido fuertemente evidenciada con acusaciones sobre lavado de dinero que aún no se han podido comprobar a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, directamente a la fuerte precandidata presidencial Cristiana Chamorro, involucrando a periodistas. «El lunes 17 de mayo inició una oleada represiva contra los medios de comunicación, y aunque el informe recoge reportes hasta el 15 de mayo, incorporamos brevemente en este apartado la grave situación en la que se encuentra la libertad de prensa y expresión en Nicaragua», resaltan en el informe.
La reforma a la ley electoral fue la primera muestra de la poca disposición que tiene el régimen por abonar a unas elecciones libres y creibles, según lo han expresado organismos opositores y la comunidad internacional.
