El proceso electoral que dirige a su antojo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se desarrolla en medio de violencia política ejercida por grupos ligados al partido de Gobierno contra la población en general, partidos políticos de la oposición y contra los medios de comunicación y periodistas independiente, según un estudio realizado por el organismo independiente Urnas Abierta (UA).
De acuerdo con el seguimiento que UA le da a esta etapa, se contabilizan, solo en los últimos 15 días de mayo, un total de 119 hechos que son considerados como de violencia política.
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«Entre el 16 y el 31 de mayo de 2021 se registraron 119 hechos de violencia política en el contexto electoral, que fueron cometidos en un 96,64% (115) de manera individual o grupal a ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos, el otro 3,36% (4) de forma institucional, es decir, contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas» indica el tercer informe de la organización de la sociedad civil.
Asimismo, destaca que como parte de esa violencia política desatada por el Estado de Nicaragua, en tan solo una semana (entre el 2 y el 8 de junio) cuatro personas precandidatas presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro han sido detenidas arbitrariamente, junto con otras personas de su entorno laboral y/o político. Los datos recabados indican que entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se suma un total de 721 hechos de violencia política en el contexto electoral.
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Además, resalta también, que como parte de esa violencia, el domingo 13 de junio, nueve liderazgos opositores también habían sufrido detención arbitraria en contextos de secuestro o desaparición forzada por parte de la policía nacional: José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, José Pallais Arana, Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez y Victor Hugo Tinoco.
«La judicialización de la política, instrumentalización de la justicia o persecución judicial (que ejecuta el régimen de Daniel Ortega) se refiere al uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios para inhabilitar o debilitar a oponentes políticos mientras se da una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de leyes irregulares», denuncia el informe de UA.
Los resultados detallan que, en los últimos días, el Ejecutivo ha hecho uso de manera autoritaria de toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y, particularmente, de personas aspirantes a candidaturas presidenciales. Específicamente, se ha utilizado el sistema judicial como herramienta para la persecución política y entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público, como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo.
Los instrumentos jurídicos que la dictadura está utilizando para ejercer la violencia política contra los opositores, prensa independiente y población en general son: la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Además, la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal. Todas llamadas leyes represivas porque, según analistas, fueron diseñadas por la dictadura exclusivamente para reprimir a la oposición.
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«Lo ocurrido en los últimos días, a tan solo cinco meses de las elecciones, contraviene los estándares internacionales (de democracia y estado de derecho), evidenciando una clara intervención del Poder Ejecutivo (quien también participa de la competencia electoral) en todo el proceso, aplicando toda su fuerza coercitiva policial, judicial y legislativa en contra de partidos, organizaciones y personas naturales involucradas en los comicios, por otra parte, no existen mecanismos de protección a los derechos electorales de elegir y ser elegidos de los actores partes del proceso, encontrándose en total indefensión, puesto que no existen mecanismos que garanticen la justicia electoral», advierte UA.
En las conclusiones del informe, Urnas Abiertas menciona que «las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales, por lo que, desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente. En este sentido, es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado».