El Ministerio Publico (MP), institución que responde a la política represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa haciendo comparecer ante los fiscales interrogadores a ciudadanos que son o han sido miembros de las juntas directivas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), mientas mantiene en la cárcel e incomunicados a los directores ejecutivos de esos dos organismos, y a 15 opositores más, a los que investigan por el supuesto delito de lavado de dinero y traición a la patria.
En el comunicado número 018-2021, la Fiscalía informa que continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro, FUNIDES y los miembros de sus juntas directivas, «por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos, y en contra de todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055», dice el ente acusador, sin dar cabida a la presunción de inocencia a la que por Ley tienen derecho todos los investigados.
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El régimen Ortega-Murillo, a través del Ministerio de Gobernación (MINGOB), ordenó una investigación contra esas dos instituciones de la sociedad civil que eran presididas por los precandidatos presidenciales opositores Cristiana Chamorro Barrios y Juan Sebastián Chamorro García.
En ese supuesto proceso investigativo que desarrolla la Fiscalía, este lunes, por la mañana comparecieron ante los fiscales interrogadores José Antonio Baltodano Cabrera y el reconocido abogado y expresidente del Banco Central de Nicaragua José Evenor Taboada Arana, ambos relacionados con FUNIDES y según el MP, contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse.
El viernes 18 de junio, siempre sobre el caso de FUNIDES, estaban citados Alfredo José Marín Ximénez, «quien a través de la señora Jeyling Liseth Rosales Gago justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país».
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«Siguiendo con la investigación de la FVBCH: el viernes 18 de junio estaban citados Lesther Otoniel Juárez Ordoñez, quien no se presentó por supuestamente encontrarse fuera del país. Ese mismo día se presentó Berman José Villanueva Reyes quien contestó todas las preguntas que se realizaron» indica la nota de prensa del brazo acusador de la dictadura, y agrega que este 21 de junio se presentaron Róger Alberto Cruz Sánchez y Linda Fátima Báez Lacayo.
Aunque el régimen continúa haciendo desfilar por la Fiscalía a ciudadanos que han estado relacionados con la FVBCH y FUNIDES, los que ya están detenidos por esos mismos casos siguen incomunicados sin poder ser asistidos como es debido por sus respectivos abogados y sin ser vistos por sus familiares.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las organizaciones políticas opositoras, acusan al régimen Ortega-Murillo de haber desatado una persecución contra los precandidatos presidenciales y líderes opositores, con el fin de allanarse el camino para perpetuarse en el poder valiéndose de las llamadas leyes represivas de Agentes Extranjeros y Soberanía, que fueron aprobadas recientemente por los diputados sandinistas, exclusivamente para atacar a la oposición tal como se ha visto en las últimas semanas.
Bajo los postulados de la Ley de Agentes Extranjeros, ya están siendo procesados Cristiana y Juan Sebastián Chamorro a los que además les están aplicando la Ley 1055 porque supuestamente han promovido la injerencia extranjera y han pedido y aplaudido sanciones contra los funcionarios orteguistas.
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Asimismo, a los precandidatos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Miguel Mora, la dictadura los acusa esgrimiendo la Ley 1055 y por esa misma Ley están detenidos los dirigentes opositores Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Dora María Téllez, Victor Hugo Tinoco y Hugo Torres, además de los empresarios José Adán Aguerri y Luis Rivas. Mientras que a los extrabajadores de la FVBCH Walter Gómez y Marcos Fletes, los acusan de lavado de dinero.
«Las personas que han sido citadas y que seguirán citando, son todas aquellas vinculadas con la FVBCH y FUNIES o con todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley No. 1055», advierte la fiscalía orteguista.
