Régimen gira orden de captura contra Humberto Belli y Gerardo Baltodano en caso Funides

El régimen de Daniel Ortega ordenó cárcel por 90 días en contra del banquero Luis Alberto Rivas Anduray, mientras se encuentra «en búsqueda y captura» del exministro de Educación Humberto Antonio Belli Pereira y Gerardo José Baltodano Cantarero, gerente general de Café Soluble, S.A. y hermano del asesor presidencial Álvaro Baltodano; como parte de las persecución penal en contra de directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

La Fiscalía informó que este jueves, 17 de junio, se llevó a cabo una audiencia especial en contra de Rivas en la que solicitó la ampliación del período de investigación y detención. La institución a cargo de la sancionada Ana Julia Guido lo acusa de «consentir que se maquillaran los estados financieros y haber permitido una gestión abusiva», y le suma supuestos indicios de atentar contra la Ley orteguista 1055, norma que se aplica en contra de opositores calificándolos de «traidores de la patria».

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Señala que la tarde del miércoles, 16 de junio, se presentó a entrevista Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián y este día, se presentó el empresario Mario José Arana Sevilla; ambos en calidad de investigados, quienes contestaron las preguntas y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse.

En el caso de Belli Pereira y Baltodano Cantarero, la institución al servicio del gobierno señala que «encontrándose en el país y sin justificación alguna faltaron a la cita ante el Ministerio Público; se encuentran en búsqueda y captura por la Policía Nacional».

En la persecución política y penal en contra de exdirectivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) el miércoles, 16 de junio, se presentaron a entrevista Joaquín Torrez Aráuz y Fernando Agustín Soto Baquero. Para este jueves, estaba citado José Alejandro Atha Horvilleur, quien presentó escrito a través de su abogado Luis Byron Mejía Rueda, justificando su inasistencia por encontrarse fuera del país.

El régimen de Daniel Ortega ordenó levantar el sigilo bancario y congelar las cuentas de empresarios y banqueros que fungieron en las Juntas Directivas de la Funides desde el año 2015 a la fecha. A su vez, giró las mismas medidas para todos los «investigados», incluyendo a los aspirantes presidenciales encarcelados: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

La dictadura encarceló a los aspirantes presidenciales acusándolos con su normativa 1055, y luego emprendió una persecución penal acusándolos de supuestos actos ilícitos a través de las organizaciones que ellos dirigieron antes de lanzarse como precandidatos a la Presidencia de la República.