Régimen ordena levantar sigilo bancario y congelar las cuentas de 13 exdirectivos de Funides

El régimen de Daniel Ortega ordenó levantar el sigilo bancario y congelar las cuentas de 13 personas que fungieron en las Juntas Directivas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en el período de 2015-2017 y 2017-2019.

La jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, fue la encargada de remitir el oficio al director de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), Luis Ángel Montenegro, en el que hace constar que el martes, 15 de junio, la Fiscalía solicitó levantar el sigilo bancario, financiero y tributario de los exdirectivos- muchos de ellos relacionados al sistema financiero del país- por estar bajo «investigación».

Los investigados son Luis Alberto Rivas Anduray– quien se encuentra detenido-, Juan Carlos Sansón Caldera, Gerardo José Baltodano Cantarero, Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián, Humberto Antonio Belli Pereira, Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo Horvilleur, Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Mario José Arana Sevilla, Jaime Javier Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera y José Evenor Taboada Arana. Contra ese grupo, la dictadura también impuso la «inmediata» retención migratoria y la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Toda la información solicitada es del período comprendido a partir del 2015 a la fecha y los resultados deberán ser remitidos, de manera física y digital, al despacho de la Fiscal General de la República, sancionada Ana Julia Guido. El miércoles, 16 de junio, la Siboif instruyó a los gerentes generales de las instituciones financieras y bolsas de valores dar «cumplimiento inmediato» al requerimiento de la jueza sandinista.

A su vez, Chavarría ordenó girar oficio al titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Martín Rivas, para brindar información sobre la situación tributaria de los investigados.

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Anteriormente, el régimen intervino las cuentas bancarias de los actuales directivos de Funides, María Antonieta Fiallos, Norman Caldera, Federico Sacasa, Ximena González y Terencio García, confirmaron los afectados a medios nacionales.

La investigación contra Funides inició como parte de la persecución penal en contra del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Fundación, a quien el régimen mandó a encarcelar hasta por 90 días, acusado de supuestamente violar la Ley 1055, normativa con la que el régimen acusa de «traidores de la patria» a opositores. Al tiempo, la Fiscalía abrió una causa penal en contra de la fundación.

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Según la Fiscalía, «luego de haber realizado un análisis, se concluyó que dicha fundación ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, presumiendo que las personas sujetas o investigación han estado realizando operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas».

Al igual que Chamorro, la dictadura encarceló a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga, contra quienes también emprendió una persecución penal acusándolos de supuestos actos ilícitos a través de las organizaciones que ellos dirigieron antes de lanzarse como precandidatos a la Presidencia de la República.