El régimen de Daniel Ortega hizo público este lunes, 14 de junio, un documento titulado «Nicaragua: En defensa de la Soberanía Nacional y el Estado de Derecho» con el que justifica y ratifica el recrudecimiento de los atropellos contra las libertades públicas y derechos civiles y políticos de los nicaragüenses; y se abalanza en contra de las agencias de cooperación de Estados Unidos y sus funcionarios, de cara a las elecciones generales previstas para el siete de noviembre del presente año.
La dictadura se exculpa, de manera particular, de la persecución penal en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, las inhibiciones de facto en contra de otros precandidatos a la presidencia de la República, así como las arbitrarias detenciones de dirigentes opositores y el acoso a medios de comunicación independientes, dejando en claro que su siguiente paso es la persecución contra periodistas.
El documento tiene tres capítulos titulados: Un marco jurídico que garantiza la democracia y el estado de Derecho; reformas electorales, partidos políticos y la oposición nicaragüense; y el camino a seguir (del orteguismo).
En el primer apartado, el régimen Ortega-Murillo se declara víctima de un supuesto «ataque implacable y sin precedentes», impulsado por «falsas narrativas por medios de comunicación de la derecha y figuras de la oposición financiados por Estados Unidos».
Con base en ello, la dictadura excusa la supuesta investigación en contra de Chamorro y el hostigamiento a medios de comunicación nicaragüenses que no son propiedad de los hijos de la pareja presidencial. En esta línea, los Ortega-Murillo se destapan en contra de medios y periodistas independientes que gozan de credibilidad: Carlos Fernando Chamorro, Jaime Chamorro Cardenal (La Prensa), Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación, Café con Voz, 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505.
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En la sección dos, referente a las reformas electorales, la dictadura restriega las nuevas leyes represivas incorporadas a la Ley Electoral, la nueva conformación del Consejo Supremo Electoral, supeditada al partido de gobierno FSLN, así como el despojo de la personalidad jurídica del Partido Conservador (PC) y del Partido de Restauración Democrática (PRD), casilla electoral de la Coalición Nacional.
En un acápite, una airada pareja presidencial acusa a los precandidatos presidenciales de «usurpadores» que, según la dictadura, han recibido millones de dólares de EE. UU. a través de los organismos USAID, NED, IRI y otras agencias, «con el objetivo de derrocar» a Ortega.
Una dictadura que, aparentemente, se siente tambaleante ante la posible decisión de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) de sacar a Nicaragua de ese bloque regional, reclama que «estos gobiernos (EE. UU.) están cabildeando y presionando en la OEA con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua».
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Y en el último capítulo titulado «El camino a seguir», el régimen establece que las elecciones presidenciales del siete de noviembre, son un hecho, y cierran filas en no permitir «una opinión o declaración expresada por un gobierno extranjero».
A la comunidad internacional le advierte que no «interfieran» en los enjuiciamientos contra opositores que son acusados por la dictadura de «delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa». No interferir «es el único resultado que puede contribuir a la paz», advierte Ortega y su séquito.
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Sin embargo, en el documento finalizan implorando, una vez más, por la eliminación de las sanciones en contra de su círculo de poder. «Las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», indica el régimen.
En conclusión, Rosario Murillo está en guerra con su propia existencia
«Acabo de leer 25 páginas de basura que emitió el “gobierno” (menos mal que era en letra tamaño 16), sobre la “Defensa de la Soberanía y El Estado de Derecho”, de lo que concluyo que la Chayo (Rosario Murillo) necesita dormir al menos con un abogado, que en su desesperación no se ha asesorado bien», empezó diciendo el exfuncionario judicial Yader Morazán, a través de su cuenta en Twitter.
El abogado desmenuzó la declaración de la pareja presidencial indicando que «carece de argumentos jurídicos sólidos que al menos den apariencia de legalidad a sus arbitrariedades».
En este sentido, detalla que el régimen «cita de forma ambigua delitos que corresponden a contextos bélicos y otros delitos políticos que ni existen en Nicaragua», además, señala que la supuesta desviación de fondos por la que se le acusa a Cristiana Chamorro son «casi imposibles de enmarcar en un delito, porque (se trata de) su nivel de idealización abstracta de difícil materialización, como decir: creo que me quiere matar».
Sobre el delito de «traición» explicó que el artículo 409 del Código Penal se refiere a «contextos bélicos, uniéndote al enemigo, prestándole ayuda, colaboración o impidiendo el ejercicio de la defensa de tu Estado».
Morazán destaca la contradicción de Murillo al reconocer cuáles son los «cooperantes mal intencionados», a pesar que su régimen ha recibido fondos de esas agencias de cooperación.
«Enfatiza que la Fundación Barrios de Chamorro (FVBCh) desvió fondos para parientes y periodistas. Mismos en los que el Estado no es ofendido ni perjudicado y que de haber algún tipo de delito, sería en contra del patrimonio del donante (e implicaría) multas administrativas (por parte del Ministerio de Gobernación- Migob) y en el peor de los casos, la cancelación de la pesonalidad jurídica por parte de la Asamblea Nacional», indicó.
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El extrabajador del Poder Judicial continúa ilustrando a la administración de Ortega-Murillo al evidenciar que la dictadura «asume que están realizando “investigaciones”, como si estas nacieran de un antojo (para que ver qué encuentro) y no por razones fundadas o denuncias».
Añadió que a Murillo «se le salen los calificativos» contra los opositores y se muestra «incómoda por el respaldo a precandidatos».
«Advierten que cualquier pronunciamiento (de gobiernos extranjeros) serán percibidos como un “ataque frontal”, como si (Ortega-Murillo) no tienen obligaciones con los tratados que ellos mismos han suscrito o como si los derechos humanos es un asunto de derecho interno», cuestionó.
«Y más irrisorio es que piden la eliminación de sanciones, elevándolas al nivel de crímenes de lesa humanidad, sin comprometerse a nada y sin haber justificado razonadamente en sus 25 páginas». «En conclusión, la Chayo está en guerra con su propia existencia», finalizó el abogado.
