En la última semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha eliminado de la boleta electoral a cuatro precandidatos presidenciales de la oposición nicaragüense. Sumado a la anulación de dos partidos políticos, la pareja en el poder ha sepultado la posibilidad de legitimarse a través de elecciones y ahora quiere llenarse de rehenes para buscar una negociación de alto nivel, según analistas consultados.
“Insistir en las elecciones solamente puede servir a nivel propagandístico para presionar al régimen, pero como posibilidad real no tiene ningún asidero”, dijo Sofía Montenegro, socióloga. “La última estrategia que puede tener la dictadura de Ortega y Murillo es agarrar a un grupo de rehenes y forzar una plática y concesiones a través de los Estados Unidos”, considera Montenegro.
Este viernes el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, sostuvo una reunión con el canciller de Argentina, Felipe Solá, “para discutir la importancia de los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, según el comunicado emitido al respecto.
Noticia relacionada: Estados Unidos urge «acción clara» de la OEA contra dictadura de Nicaragua
De acuerdo con el medio argentino Infobae, Solá le planteó a Blinken la predisposición de Alberto Fernández, presidente de Argentina, de “lograr un consenso multilateral que permita la inmediata liberación de los presos políticos encerrados por el matrimonio Ortega-Murillo y en simultáneo la negociación de una hoja de ruta entre la dictadura y la oposición que desemboque en comicios transparentes, sin proscripciones y controlados por observadores internacionales”.
En la nota de Infobae señala que el presidente argentino “no está de acuerdo con las sanciones económicas financieras que dictó el Departamento del Tesoro contra Nicaragua” y considera que “el mejor camino es convocar a una mesa de diálogo entre partes avalada por la comunidad internacional”.
Cacería contra precandidatos

Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron encarcelados el miércoles, ocho de junio. Ambos por la Ley 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, una de las leyes punitivas que el régimen aprobó en 2020 para procesar a los ciudadanos nicaragüenses que pidan o aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua.
Maradiaga fue capturado el miércoles antes de la 1 de la tarde, minutos después de salir de la Fiscalía en donde fue entrevistado durante cuatro horas. Mientras que Juan Sebastián fue apresado en su casa en la noche de ese mismo día.
Noticia relacionada: Estados Unidos y Costa Rica se suman a la demanda por la libertad de Arturo Cruz
Arturo Cruz Sequeira, inscrito en la Alianza Ciudadana, la única casilla opositora de confianza que ha sobrevivido hasta el momento, se encuentra detenido desde el sábado cinco de junio por “realizar actos que incitan la injerencia extranjera”, cuando regresaba de un viaje por Estados Unidos. Oficialmente el Ministerio Público le aplicó también la ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” o Ley Guillotina.
Los tres aspirantes se encuentran detenidos durante 90 días bajo unas reformas al Código Procesal Penal que se hicieron a principios de este año para ampliar el plazo de detención que antes era de 48 horas.
La primera aspirante presidencial inhibida de facto fue Cristiana Chamorro Barrios, la más popular en las encuestas de opinión pública. Chamorro se encuentra detenida en su propia casa desde el miércoles dos de junio, cuando una jueza ordenó el allanamiento y la detención de ella por el supuesto caso de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Desde el primero de junio, la Fiscalía alega que no está “en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” por encontrarse en este proceso judicial. Sin embargo, esto es violatorio de sus derechos ciudadanos porque la Constitución de Nicaragua indica que una persona pierde sus derechos políticos cuando existe una sentencia firme (que haya pasado por todos los procesos de apelación) en un tribunal.
Noticia relacionada: EE-UU y Argentina planifican «movida diplomática» para lograr la liberación de aspirantes presidenciales en Nicaragua
Durante una entrevista con la cadena Telesur del jueves 10 de junio, el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) Cairo Amador dijo que “difícilmente” serán candidatos a la presidencia los “que de alguna manera atentan contra la estructura política” de las reformas electorales aprobadas a inicios de mayo que le da ventajas al Frente Sandinista y tiene varias trampas para inhibir a opositores. Amador dijo que entre los requisitos para ser candidato presidencial está “no tener ningún proceso penal en tu contra”, lo que inhibe a los cuatro precandidatos detenidos.
Fracasó estrategia de dividir a la oposición
Hubo dos cambios que echaron tierra a la estrategia del régimen de dividir a la oposición para ganar las elecciones y legitimarse a nivel internacional. El primero fue que el partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) abrió la inscripción de candidaturas a la presidencia para que pudieran competir los aspirantes de la Coalición Nacional, que habían quedado sin casilla después que inhibieron al PRD, y otros candidatos independientes como Cristiana Chamorro Barrios.
Noticia relacionada: Dictadura allana y detiene a Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil de Unamos
El segundo cambio fue que Arturo Cruz, uno de los candidatos de Alianza Ciudadana, dijo en sus últimos tuits, cuando estaba libre, que si continuaba “la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos” iba a declinar de participar en el proceso electoral. “Esto es lo que saca de quicio a Rosario Murillo, porque creo que esta arremetida tiene el sello de ella: es precipitada, torpe y violenta…ella sintió que no tenía controlada la situación y empezó esta cacería”, subrayó Sofía Montenegro.
La exguerrillera Dora María Téllez (capturada por la Policía este domingo) considera que el objetivo del régimen es “limpiar de la boleta electoral a todas las candidaturas existentes”. Agregó que esta ofensiva se debe a que Ortega “está aterrorizado con la posibilidad de unas elecciones que lo puedan liquidar por completo”.
Téllez considera que Ortega y Murillo “están barriendo con las elecciones” e incluso podrían suspender el proceso electoral. “Van a liquidar a toda la oposición de la boleta electoral, y en esa boleta electoral solamente aparecerá Daniel Ortega, Rosario Murillo y los zancudos”, explicó la exguerrillera. “Apostar a quedarse en el poder a sangre y fuego es una apuesta riesgosa, y es la última apuesta de la familia dictadora”, reiteró.
Un proceso electoral desierto

El sociólogo Óscar René Vargas considera que cuando el régimen de Ortega piensa que hay alguna posibilidad de perder el poder, “empieza a dar zarpazos”. “El temor de perder el poder ha provocado que la dictadura siga cometiendo errores tácticos y estratégicos, lo que ha permitido que la población visualice la fragilidad del régimen por el incremento de su aislamiento internacional y por su incapacidad de resolver ninguna de las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional) que tiene”, agregó Vargas.
Noticia relacionada: Presidente de España, Pedro Sánchez, a Daniel Ortega: «Juegue limpio, libere a opositores»
La historiadora Dora María Téllez dijo que estas acciones del régimen le plantean un desafío a Estados Unidos. “Esto lo que va a provocar es que Nicaragua pierda las relaciones comerciales con Estados Unidos, y eso lo que va a traer es un efecto desastroso en todos los nicaragüenses”, señaló Téllez, quien considera que la comunidad internacional responderá a este desafío con sanciones.
Vargas explica que la dictadura de Nicaragua está basada en una triple alianza que solo sabe gobernar con represión y con la militarización del país: el gran capital, la burguesía tradicional y la nueva oligarquía, incluyendo a altos mandos militares y policiales. Por lo tanto, una expulsión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de las sanciones planteadas, “implicaría la destrucción de esa triple alianza y la pérdida del control político de la coyuntura política por parte de la dictadura”, según Vargas.
Sofía Montenegro considera que en algún momento a nivel nacional e internacional se tendrá que declarar desierto el proceso. “La legitimidad no la va a conseguir el régimen. Por eso lo que yo supongo que quieren es conseguir una negociación en la puedan liberar a ese grupo de rehenes y dar condiciones electorales, pero que a ellos se les reconozca algún tipo de salvoconducto, como la impunidad, o la no persecución posterior”, resaltó Montenegro, quien agregó que “se están jugando el todo por el todo”.
Será que habrá impunidad? El pueblo nicaragüense aceptará que estos asesinos y criminales se salgan con las suyas? Se impondrá la hipocresía y cinismo de la diplomacia? Veremos qué pasa. Da asco ese Fernández presidente de Argentina, que no está de acuerdo con las sanciones al Nicaragua. Se han sancionado a Asesinos, criminales mafiosos y gánsteres no al PUEBLO NICARAGÜENSE.