La embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua condenó la reciente embestida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la oposición política, que en menos de 10 días encarceló a cuatro aspirantes a la presidencia de este país, detuvo a integrantes de agrupaciones políticas y ha citado al Ministerio Público a una veintena de periodistas independientes.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
La embajada Canadiense, a través de su cuenta de Twitter, exigió a la dictadura Ortega Murillo liberar mediantemente a «los candidatos políticos y líderes de la sociedad civil en #Nicaragua».
«El pueblo de Nicaragua requiere y merece libertades civiles y políticas, un retorno a la democracia y elecciones libres y justas» agregan el gobierno de Canadá que se suma al repudió de la comunidad internacional ante la ola represiva del régimen orteguista que ha prometido encarcelar a todo opositor que considere «traidor a la patria».
La demanda internacional por los abusos de poder del régimen orteguista se intensificó luego que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetieran el martes ocho de junio, contra el opositor y aspirante presidencial Félix Maradiaga, quien después de un citatorio en el Ministerio Público fue detenido por los mismo agentes policiales que lo asediaron por más de 10 meses.
Asimismo la justicia nicaragüense detuvo en horas de la noche del mismo martes, al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, a la opositora de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y actual directivo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) José Adán Aguerri y esta tarde se conoció de la detención del opositor y José Pallais.
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Los nuevos presos políticos del régimen se suman a la lista de figuras opositoras apresadas, entre los que figuran la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero, bienes y activos y a Arturo Cruz, precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
Los recientes detenidos están siendo «investigados» por la justicia del régimen bajo la Ley 1055, «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación» aprobada por la aplanadora de diputados orteguistas a finales del 2020.
Luego de las detenciones, la Policía orteguista se ha encargado de publicar notas de prensas en las que detalla que los opositores están siendo acusados por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer bloqueos económicos y comerciales contra el Estado de Nicaragua».
EE.UU respondió con más sanciones
Tras la ola represiva de la dictadura, la mañana de este miércoles, nueve de junio, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. respondió con más sancione al círculo de los dictadores.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra a Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional. También, impuso esa medida al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, a la hija de la pareja dictatorial y una de las que dirige el canal oficialista Viva Nicaragua, Camila Ortega Murillo, y al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército, por lo cual, tiene que rendir cuentas ante el otro sancionado y jefe de esa institución, general Julio César Avilés.
Con estas nuevas sanciones ya son más de 30 los servidores del orteguismo que han sido castigados por Estados Unidos. Ese país es el que despuntó con las sanciones y el que más ha presionado a los funcionarios que cataloga de «delincuentes internacionales».
Con la medida les restringe las operaciones financieras, les limita actividades vinculadas con la inversión y acceso a créditos de organismos multilaterales. Además, les niega la entrada al país, con lo cual afecta sus desplazamientos migratorios.
Lejos de acatar la exigencia de la comunidad internacional para que la dictadura libere a los opositores, el Gobierno de Ortega se ha victimizado y a «condenado» las recientes sanciones y asegura que seguirán encarcelando a los opositores, a quienes ha tildado como «malos hijos de la patria».
