El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, se sumó al rechazo y condena que ya ha hecho la Unión Europea (UE) contra las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y expresaron su «preocupación» por la arbitraria retención domiciliar y acusación que ejecuta la dictadura de Nicaragua contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y el acoso contra la prensa independiente, lo que está poniendo en riesgo la legitimidad del actual proceso electoral.
«España expresa su preocupación por la detención e inhabilitación de la precandidata y presidenta de la de Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro, y por el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua», dice un comunicado oficial de la administración de Pedro Sánchez, publicado en la página oficial de internet y en la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería.
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El escrito agrega que «estos graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre».
El régimen Ortega Murillo emprendió una cacería política contra la aspirante presidencial Chamorro Barrios a partir del 20 de mayo, cuando el Ministerio de Gobernación hizo público que estaba abriendo una investigación administrativa por el supuesto delito de lavado de dinero y otros activos contra la FVBCH y su exdirectora, así como contra cuatro extrabajadores de ese Organismo No Gubernamental entre ellos el excontador Marcos Fletes, el exadministrador financiero Walter Gómez y los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano. En la acusación, también incluyeron a la periodista y corresponsal de la cadena de noticias Univisión, María Lilly Delgado.
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Al día siguiente, mostrando una «eficiencia» poco usual, Gobernación presentó acusación contra los investigados ante el Ministerio Público que procedió de inmediato a citar tanto a los investigados por el supuesto delito de lavado de dinero y a más de 20 periodistas, directores de medios de comunicación y hasta al escritor de reconocimiento internacional Sergio Ramírez Mercado. El director de Artículo 66 Álvaro Navarro también fue citado para comparecer ante los interrogadores de la Fiscalía.
Todos los citados ante los fiscales en calidad de «entrevistados» ha coincidido en señalar que el régimen Ortega Murillo pretende intimidar a la prensa independiente involucrándolos en un caso sin sustento legal que busca inhibir a la precandidata presidencial que representa una amenaza a sus intenciones de sostenerse en el poder a cualquier costo.
«Estas medidas deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora (Cristiana) Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos», finaliza el comunicado del Gobierno español.
La piedra en el camino de las sanciones de la UE, se llama Joseph Borrell. Estamos cansados de tantos llamamientos a este señor que no actúa.