La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestra indetenible en la arremetida represiva e intimidatoria contra el periodismo independiente de Nicaragua al ordenar convertir a los periodistas María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano de testigos a investigados y ordenó congelar las cuentas bancarias y levantarles el sigilo financiero a Arróliga y Medrano.
La periodista Arróliga, al salir de las oficinas del Ministerio Público denunció que, por el hecho de haber exigido la presencia de sus abogados durante el interrogatorio del pasado 25 de mayo, tal como lo establece la ley, el régimen ordenó convertirlos de testigos a investigados en el caso de supuesto lavado de dinero por el que están acusando a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
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Asimismo, la extrabajadora de la Fundación Chamorro confirmó que, efectivamente la dictadura ordenó congelar sus cuentas bancarias sin que haya un proceso judicial formal.
«No entiendo por qué se congelan las cuentas si aquí no se ha abierto un proceso judicial y el único que puede ordenar que se congelen las cuentas es una autoridad judicial. Le preguntamos eso al señor fiscal y no nos respondió. Yo no sé de qué lavado de dinero hablan, no sé de qué lavado de otros activos hablan, yo lo único que lavo en mi casa es mi ropa y a manos», dijo la comunicadora.
«Todo este proceso es arbitrario, ni siquiera plasman en el acta de la declaración fielmente lo que dicen. Ni siquiera el fiscal se identifica, un policía que no se identifica. esto es una arbitrariedad jurídica, intimidatoria y viciada».
Por su parte, María Lilly delgado, una periodista con más de 28 años de ejercicio profesional en medios nacionales e internacionales, señaló que como parte de las arbitrariedades que practica la Fiscalía, «en menos de 72 horas pasé a ser, de testigo a investigada, según me lo informó la fiscal Heydi Ramírez, que me dijo que soy investigada porque existe vinculación con lo que la Fiscalía llama, mal manejo de fondos de la FVBCH».
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«Yo quiero decir claramente que yo no tengo acceso a los fondos de la FVBCH, no soy trabajadora de la FVBCH. No sé de qué mal manejo que habla la Fiscalía me está señalando, quiero ser muy clara en eso. Por ende, no puedo conocer el origen de los fondos si yo no trabajo en la Fundación», aclaró la periodista.
Agregó que «he querido declarar como testigos pero con la presencia de un abogado como lo establece la ley. Mi vinculación con la FVBCH ha sido como capacitadora por la profesionalización de los medios de comunicación. Capacitar no es un delito. Me vi obligada nuevamente a ampararme en el artículo 34 de la Constitución y a abstenerme a declarar».
Delgado denunció que intentaron obligarla a firmar un acta de la declaración «viciada», que no reflejaba realmente sus palabras expresadas durante el interrogatorio.
«Yo soy inocente, yo soy periodista, yo no sé de lavado de dinero, yo no soy trabajadora de la Fundación, por tanto no sé del manejo de los fondos de esa Fundación. Esto es un atropello y una decisión arbitraria de una Fiscalía que está seriamente cuestionada por organismos internacionales como expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI) que han dicho que en esta Fiscalía se fabrican pruebas y se acusa a inocentes».
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«Buscan cómo manchar y desprestigiar a periodistas independientes y la labor que ha hecho la Fundación desde hace años, por la libertad de expresión y el acceso a la libertad publica. Le pido a la población que piensen en la trayectoria de esta Fiscalía que está cuestionada», dijo la corresponsal de Univisión.
En tanto, el periodista y extrabajador de la FVBCH, Guillermo Medrano, a quien el régimen Ortega-Murillo también le mandó a congelar su cuenta bancaria expresó que «estamos clarísimos que quieren involucrar en un show político que nada tenemos que ver. La FVBCH durante 23 años fue una organización intachable, certificado por todos los organismos internacionales. Entramos como entrevistados y salimos como investigados».