La procuradora general del régimen de Nicaragua, Wendy Morales, se presentó este jueves, seis de mayo, en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para rechazar y negar los señalamientos de acoso, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos del país, beneficiarios de medidas provisionales. Morales, por el contrario, los acusó de tergiversar la realidad con «fines mediáticos» y declaró al Estado víctima de los señalamientos.
En una audiencia pública realizada de manera virtual, los jueces de la Corte IDH conocieron la versión del Estado sobre la respuesta del mismo ante las medidas provisionales otorgadas a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La Corte IDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en 2019 dictó medidas provisionales a los integrantes de ambas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellos Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh, y Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH.
El régimen de Daniel Ortega, que en los últimos meses ha comparecido ante algunos organismos internacionales enviando a la procuradora Morales, atacó a los defensores de derechos humanos señalándolos de manejar las organizaciones «con estilo personalista» y aprovecharse de su esquema organizacional para desempeñar activismo político y promover campañas de desestabilización en el país, incitando acciones para crear inseguridad ciudadana.
Sostuvo que las denuncias de hostigamiento son falsas imputaciones e incluso, que «la motivación para la adopción de medidas provisionales resulta insuficiente e infundadas».
Según el régimen, el acoso y hostigamiento de la Policía sancionada no existe. La Policía solo cumple con brindar «seguridad» a los beneficiarios y por tanto, seguirlos incluso a las afueras de los departamentos que visitan, solo es llevarlos «escoltados». «(Los defensores) pretenden hacer creer que las medidas de seguridad y protección (de la Policía) son a criterio de ellos, actos de hostigamiento», justificó.
También refirió que el despojo de la personalidad jurídica del Cenidh se debió al incumplimiento de la documentación requerida, establecidas en las leyes del país, y señaló que las quejas responden a que «la Ley Agentes Extranjeros viene a lesionar sus intereses».
«Lamentamos que las medidas estén siendo utilizados para fines mediáticos de contenido político ideológico en un entorno el cual nuestro país entra en un ciclo de elecciones… (Lamentamos que) estos argumentos estén mediatizados… ¿Son defensores de derechos humanos o son opositores? Estigmatizado también podría sentirse el Estado», declaró Morales.
Vilma Núnez, presidenta del Cenidh, aprovechó para mostrar ante los jueces la cantidad de publicaciones hechas por medios gubernamentales y operadores virtuales del régimen para desprestigiarla, estigmatizarla y hostigarla, lo que representa una latente amenaza a su integridad física.
«Nicaragua llama a los defensores como enemigos del Estado y nos expone a tales descalificaciones que son verdaderas inducciones a la violencia en contra nuestra… son un ataque directo del Estado, estigmatizándome ante la opinión pública como una delincuente y pretendiendo desacreditar mi histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos. (Además) el Estado ha invisibilizado a los defensores del Cenidh», reclamó.
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Núñez solicitó una resolución que ordene al Estado el ineludible cumplimiento de las medidas y se abstengan de vigilar, perseguir, amenazar, y asegure un ambiente propicio para el ejercicio de la labor de los defensores.
En la audiiencia participó Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH), quien manifestó que desde el 2018 «la CIDH observa con preocupación que la situación de derechos continúa deteriorándose, y preocupan los actos para coartar la actividad de organizaciones de derechos humanos. La situación continúa vigente y se ha incrementado».
