Un fuerte dispositivo policial del departamento de Chinandega, en una clara acción represiva, irrumpió en una propiedad privad de esa cabecera departamental y con lujo de violencia sacó del lugar a miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y, en medio de una movilización de paramilitares y patrullas policiales, los expulsó del municipio, impidiendo la labor de los defensores que se disponían a impartir un taller a promotores locales, según denunciaron representantes de ese organismo.
«Queremos denunciar el asedio a funcionarios de la CPDH. El 21 de abril a eso de las 11:35 de la mañana, policías de Chinandega irrumpieron una propiedad privada y nos sacaron con violencia y nos expulsaron de ese municipio, nos escoltaron hasta las afueras de la ciudad. Fue un operativo lleno de agentes antimotines, una gran cantidad que utilizaron para impedir que la CPDH realizara sus funciones que era un taller para promotores de derechos humanos», dijo la abogada defensora Karla Sequeira, integrante de ese organismo.
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La defensora señalo que no están permitiendo desarrollar su labor de defensores de derechos humanos. «No es la primera vez que nos hacen esto, en múltiples ocasiones nos hacen lo mismo, con abuso de autoridad, con arbitrariedad somos desalojados por la Policía de los establecimientos, nos sacan con lujo de violencia y nos expulsan de los municipios donde tenemos que realizar las funciones propias de defensores».
El abogado Pablo Cueva, también integrante de la CPDH, explicó que el abuso comenzó desde el martes, 20 de abril, cuando trataron de rentar un local para realizar la actividad, pero la Policía llegó a amenazar a los dueños del lugar para que no rentaran el establecimiento, ante lo cual solicitaron el servicio a una universidad privada la que les concedió un aula pero también fueron intimidados por la Policía e igual que en el local anterior, les cancelaron.
«Nos ofrecieron un local en una casa particular y desde las 8:00 de la mañana la Policía llegó a rondar el local, a asediar y cuando nos disponíamos a comenzar el taller, llegaron los efectivos y nos obligaron a salir de la casa particular», denunció Cuevas..
El abogado destaco que antes de que actuara la Policía sucedió algo que considera más peligroso, y es que fueron rodeados por numerosos civiles que les hacían fotos y los asechaban en actitud hostil.
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«Cuando la Policía nos expulsaba del municipio, un grupo de motorizados también asechaba y amedrentaban a la comitiva de la CPDH. Tenemos información que esos motorizados y dos camionetas, una blanca y una gris que también participaron en la expulsión, son trabajadores del Estado que son enviados a esas actividades represivas en horas laborales. Solo estamos haciendo la labor que hemos hecho durante casi medio siglo, promover y defender los derechos humanos, lo que parece que ya está proscrito en Nicaragua», denunció el abogado.
En tanto, Marcos Carmona, director ejecutivo de ese organismo defensor, fue enfático ,en responsabilizar al Estado de Nicaragua, «en caso de agresiones directas o en caso de que atenten contra nuestras vidas. El Estado de Nicaragua el único responsable de que nos pueda pasar algo a pesar que tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de derechos Humanos», advirtió Carmona.
«Este acto cobarde e intimidatorio no nos va a detener, vamos a seguir trabajando en materia de derechos humanos. Reitero, responsabilizamos a la Policía y a los funcionarios que abusan de su autoridad. Nosotros no somos enemigos de ningún Gobierno pero tampoco somos cómplices de los crímenes y torturas que están cometiendo contra el pueblo de Nicaragua», dijo el director ejecutivo de la CPDH.
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«Y reafirmamos que si a nosotros o nuestras familias nos pasa algo va a ser responsabilidad de estos delincuentes uniformados y de su grupo de paramilitares que están asediando a los defensores y a toda Nicaragua», enfatizó.
Carmona informó que en los próximos días van a recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de Managua para interponer un recurso de amparo por la limitación al trabajo que están desarrollando como defensores.
