La reforma a la Ley Electoral (Ley 331) impulsada por el régimen de Daniel Ortega entró en vigencia este miércoles, cinco de mayo, al ser publicada en el diario oficial La Gaceta, un día después de ser aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante.
Con los ajustes a la Ley 331, el régimen consumó las restricciones a opositores a participar en las eventuales elecciones generales el 7 de noviembre de 2021. El artículo 81 especifica que «no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección (cargos públicos) quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo (), y demás leyes de la materia».
Se prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del extranjero; se mandata el 50 por ciento de mujeres y hombres para los cargos públicos, y señala que la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones que no sean partidarias «no interfieran» en la campaña electoral. Descartan la observación nacional e internacional y hacen caso omiso a las recomendaciones de Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) de garantizar un proceso libre, transparente y creíble.
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Tanto la oposición nicaragüense como la comunidad internacional han demandado una reforma integral. En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó la legitimidad del futuro gobernante de Nicaragua a las reformas electorales, y estableció como fecha tope este mes de mayo para hacer efectivo los cambios correspondientes. Estados Unidos y Europa advirtió a Ortega que sin reformas electorales integrales y creíbles se vendrán más sanciones contra su círculo de poder.
