Con 85 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones fue aprobada este martes, cuatro de mayo, la reforma a la Ley Electoral (Ley 331) que mantiene las restricciones a opositores propuestas por el régimen de Daniel Ortega, a las puertas de las elecciones generales el 7 de noviembre de 2021.
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
Los únicos diputados que votaron en contra fueron Brooklyn Rivera, presidente del partido Yatama e integrante de la Coalición Nacional, el parlamentario Alejandro Mejía Ferreti, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y las diputadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Azucena Castillo y Adilia Salinas Otero, quienes fueron ignoradas por su bancada.
El artículo 81 especifica que «no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección (cargos públicos) quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo (), y demás leyes de la materia».
Se prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del extranjero; se mandata el 50 por ciento de mujeres y hombres para los cargos públicos, y señala que la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones que no sean partidarias «no interfieran» en la campaña electoral.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) argumentó que presentaron un documento con 23 consideraciones y 12 propuestas, de las cuales cinco no fueron incorporadas. Rosa Argentina Navarro, jefa de bancada del PLC, aseguró que a su organización le rechazaron su propuesta de: Velar por la observación nacional e internacional y «no un simple acompañamiento»; separar e independizar el sisteema de registro civil y cedulación, es decir la no centralización del CSE; declarar que el documento para votar sea únicamente la cédula de identidad, no el documento supletorio; incluir a las alianzas para la sustitución de fiscales y el derecho a la impugnación en todas las fases del proceso electoral.
Navarro detalló que el PLC está en contra de los nuevos ajustes relacionados a la «igualdad de género» y las inhibiciones que establecen la Ley de Agentes Extranjeros y la llamada Soberanía de los pueblos.
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Sin embargo, el diputado del PLC Miguel Rosales tomó la palabra para arremeter en contra de los grupos de oposición, señalando que la reforma electoral del régimen no es obstáculo para participar en las elecciones.
«¿Por qué no nos hemos unido después de tantos años de estar hablando de unidad? Prepotentes, arrogantes, no tienen compasión con el pueblo. Hay quienes quieren venir a poner de pretexto y excusa esta normativa… quieren decirnos a todos que ya no podemos ni correr porque somos “out”… No sigamos con esas excusas… Hoy el liberalismo ha venido acá a decirles “sí es posible”, pero para eso hay que unirnos», reclamó Rosales.
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El diputado Brooklyn Rivera, presidente del partido Yatama y miembro de la Coalición Nacional, reclamó que sigue la deuda con los pueblos indígenes y afrodescendientes, por lo que no puede votar a favor. Añadió que en la reforma «hay toda una imposición de restricción, no hay observadores al proceso electoral, tampoco hay apertura para realmente garantizar un proceso transparente y bajo libertad».
Por su parte, el diputado Alejandro Mejía Ferreti, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), aprovechó para cuestionar a partidos políticos que consideran participar en los comicios bajo las presentes condiciones, en clara referencia al PLC.
«¡Yo no se cómo un candidato puede participar en unas elecciones con una pistola en la sien! ¿Por qué (ahora quieren participar)? ¿Qué es lo que persiguen? Sencillamente acomodamiento de cuotas de poder y no vislumbramos la alternativa del cambio con nuevas fuerzas. Una reflexión a la familia liberal sobre todo… no miro por ningún lado un voto razonado, por lo menos. Es frustrante para un liberal, tantas veces que nos han señalado en el pasado de zancudo, pero hoy miro tantos zancudos, tantos dráculas dentro y fuera de aquí… este diputado va a votar en contra, es un mandato de mi partido ALN», declaró Mejía Ferreti.
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Tanto la oposición nicaragüense como la comunidad internacional han demandado una reforma integral. En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó la legitimidad del futuro gobernante de Nicaragua a las reformas electorales, y estableció como fecha tope este mes de mayo para hacer efectivo los cambios correspondientes. Estados Unidos y Europa mantiene advertido a Ortega que sin reformas electorales integrales y creíbles, se vendrán más sanciones contra su círculo de poder. Sin embargo, el régimen se ha encargado de consumar las restricciones, a través de nuevas leyes que ahora adhiere a su iniciativa de reforma electoral.
