Los bancos comerciales podrían ser multados con hasta 3.6 millones de córdobas (102,800 dólares) si se niegan a ofrecer sus servicios a personas sancionadas por Estados Unidos, según lo establecido en la norma de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) relacionada con la reforma a la Ley del Consumidor, señalan expertos.
Esta normativa publicada en La Gaceta el 22 de abril, en el marco de la aplicación de la reciente reforma, viene a otorgar un carácter punitivo a la negativa de brindar algún tipo de servicio financiero a alguna persona sancionada.
«La ley del Consumidor establecía que no podría ser negado o discriminado nadie por ningún motivo político, y en caso de negar algún tipo de servicio financiero esta tenía que ser sumamente justificada. No podría negarse a discrecionalidad ningún tipo de servicio a ningún consumidor y usuario, siendo ahora el Estado consumidor y usuario», recordó el economista Maykell Marenco.

En este sentido, la norma de la Siboif estaría estableciendo la obligatoriedad al sistema financiero del país a reabrir las cuentas bancarias a los funcionarios sancionados, todos vinculados con el régimen de Daniel Ortega.
La norma de sanciones establece que la multa para infracciones muy graves varía de 251 a 550 unidades de medida; el valor de cada unidad de medida corresponde al salario mínimo promedio nacional, que ronda los 6,500 córdobas.
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Es infracción muy grave «negar la contratación de un poducto o servicio financiero solicitado prviamente por el cliente y/o usuario o cancelar o suspender el producto o servicio ya contratado…»
También es infracción muy grave «no notificar a los interesados de forma verificable de la decisión negativa emitida por parte de la institución financiera sobre la contratación de productos o servicios financieros solicitados, o hacerlo sin dar a conocer la causa jurídica que justifique la decisión negativa de la contratación…».
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Marenco advierte que «sería contraproducente para el país porque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisa periódicamente que ninguno de los países o las bancas comerciales tengan vínculos con lavado de dinero o con el crimen organizado, de suscitarse una situación similar lo que ocurriría con el país, primero, sería el cierre de corresponsalías a nivel internacional porque resultaría muchísimo más costoso para otros países establecer relaciones comerciales con un país, cuyo riesgo es altísimo».
Si esto esta fácil, todos estos sancionados lo fueron por corruptos y cómplices de violaciones a los derechos humanos, no es difícil demostrarles eso….si no pídale la documentación respectiva a los que los sancionaron para que se los restrieguen en la cara a estos delincuentes……