El senador republicano Roger Wicker y el demócrata Ben Cardin, ambos de alto rango dentro del Senado estadounidense por sus sus respectivos partidos, en una alianza bipartidista están proponiendo una «actualización» denominada «Reautorización de la Ley Global de Responsabilidad de Derechos Humanos de Magnitsky» para que sea aprobada con cambios entre los que se incluye aplicar sanciones mediante esa ley a los familiares inmediatos de los sancionados principales.
En el sitio oficial de internet del senador Cardin está publicado con fecha del tres febrero la información brindada por la oficina de prensa del demócrata, en la que especifica que «la legislación fortalecería las exitosas sanciones de Global Magnitsky contra los violadores de los derechos humanos y las personas corruptas».
«El senador estadounidense Ben Cardin (demócrata por Maryland), presidente entrante de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos y autor de la Ley de Responsabilidad Global Magnitsky por los Derechos Humanos, y el senador Roger Wicker Helsinki (republicano por Mississippi), copresidente de la Comisión Helsinki, han introducido la Ley Mundial Magnitsky de Reautorización de la responsabilidad en materia de derechos humanos (S. 93). La legislación bipartidista ampliaría las sanciones estadounidenses contra los violadores de los derechos humanos y los actores corruptos para que no escapen a las consecuencias de sus acciones incluso cuando su país de origen no busque justicia para sus víctimas», dice la nota de prensa.
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Agregan que la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos ha sido una herramienta poderosa el nuestro esfuerzo global para proteger los derechos humanos y combatir la corrupción. «Agradezco al senador Wicker por trabajar conmigo para fortalecer la ley como un mensaje a los abusadores y cleptócratas que creen que pueden actuar con impunidad», cita la nota al senador Cardin y añade que «esta reautorización enviará una clara señal de nuestro compromiso nacional de defender los valores democráticos y las reglas y estándares internacionales que nos permiten vivir juntos en paz. Cuando los abusadores de los derechos humanos y los cleptócratas violan estas normas, nos corresponde a nosotros crear consecuencias concretas».
De acuerdo con lo expuesto por Cardin, «la Ley de Reautorización de Responsabilidad de Derechos Humanos de Global Magnitsky (S. 93), busca armonizar la Ley original (Título XII, Subtítulo F de PL 114-328; 22 USC §2656 nota) con la Orden Ejecutiva 13818. Y la actualización incluiría: «Eliminar el requisito de condición de víctima para garantizar que ninguna víctima sea excluida. Adoptar los estándares de “graves abusos contra los derechos humanos” y “violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente” para ampliar los actores y abusos que pueden ser sancionados. Simplificar el estándar para delitos de corrupción. Complementar el estándar de focalización basado en actividades con un estándar basado en estado y, permitir la sanción a familiares directos (de los señalados)».
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Además, «La S. 93 pide un informe sobre las medidas adoptadas a través de la diplomacia y la asistencia a los sectores extranjeros o de seguridad para abordar las causas subyacentes persistentes de graves abusos de los derechos humanos, violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y corrupción en cada país en el que han sido víctimas personas extranjeras a las sanciones. También deroga la cláusula de expiración de la legislación original».
La «Magnitsky Global Act» autoriza al presidente de los Estados Unidos a imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países. No importa quiénes sean ni de dónde sean, por eso la norma es hoy el principal fantasma de los empresarios y políticos latinoamericanos y sobre todo en Nicaragua donde ya han sido sancionado con la Ley Magnitsky unos y por el Departamento de Tesoro otros, al menos 28 funcionarios e instituciones, señalados de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Bajo los preceptos de esa ley norteamericana, la Casa Blanca puede prohibir visas y congelar los activos en territorio norteamericano de cualquier extranjero. En la práctica, aquellas personas cuyos nombres aparecen en la denominada lista Magnistsky, tienen vedado el ingreso a territorio estadounidense, y cualquier propiedad que posean en los EEUU puede ser embargada.
