La Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, con la que, según expertos, el régimen obligaría al sistema financiero del país a reabrir las cuentas bancarias a funcionarios sancionados por Estados Unidos, entró en vigor este martes, nueve de febrero, al ser publicada en La Gaceta, diario oficial.
El exreo político dijo que es muy pronto pensar en ser parte de UNIR y que analizará mejor la propuesta, por que no puede aceptar apresuradamente.
La ley es criticada por promover «prácticas que incitan el lavado de dinero, nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito», advirtió la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
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Asobanp detalla que la reforma a los artículos 9 numeral 10 y 25, artículo 54, la adición al artículo 6 numeral 33 y el artículo 120, especificamente, violan el derecho constitucional de libre empresa, desconocen las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero y establece discrecionalidad para la Superintendencia de Bancos (Siboif) y el Banco Central.
«Estamos hablando que ante un eventual conflicto, quien emite la sanción o multa sería el Estado, el afectado sería el Estado y el juez también sería el Estado. Es como una especie de caballo de Troya porque, a través de nombres bonitos (Ley del Consumidor), posiciona al Estado con un beneficio más», aprovechando la estructura jurídica y legislativa, explicó el economista Maykell Marenco.
La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (Amcham) indicó que la reforma generará afectaciones económicas y sociales a las empresas y familias nicaragüenses, directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa, ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y el flujo de dinero a nivel mundial. Al llamado de advertencia se sumaron otras cámaras empresariales sin obtener, hasta hoy, ningún resultado positivo.
