El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) urgió al régimen de Daniel Ortega la implementación de reformas electorales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la Alianza Cívica y el Gobierno en el 2019 con el fin de garantizar elecciones democráticas en noviembre de 2021.
Alvarito Conrado, el estudiante de 15 años que fue a repartir agua un 20 de abril de 2018 como gesto de solidaridad con los universitarios que protestaban contra el régimen, cumplió tres años de su asesinato. Su familia exige verdad, reparación, justicia y castigo para los que ordenaron disparar en contra del adolescente y para quienes le negaron la atención en salud.
«El gobierno debe comprender que mientras siga habiendo represión, asedios y detenciones arbitrarias a los ciudadanos que disienten del gobierno, no habrá estabilidad ni cohesión social; y mientras no haya estabilidad económica seguirán cerrando empresas y generándose desempleo», advirtió la empresa privada, mediante un comunicado emitido este miércoles, 31 de marzo.
Detalla que Ortega no ha cumplido con la liberación definitiva de los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, un acuerdo establecido en el 2019 entre la AC y el régimen, en el marco del Diálogo Nacional; «por el contrario, se ha instaurado un estado policial y marco de represión que no permite el ejercicio de los más elementales derechos sociales y políticos».
Los empresarios también demandan reformas electorales de amplio consenso con la sociedad civil y partidos políticos, como condición para comicios libres, transparentes, competitivos y observados, y «que sea a través del voto popular que se defina el futuro inmediato del país».
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Economistas han alertado que Nicaragua atraviesa una depresión económica a consecuencia de la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 e ineficaces estrategias impulsadas por el régimen como la reforma tributaria. Además, la situación podría empeorar ante advertencias de sanciones contra personeros de Ortega que podría salpicar a la población en general.
En una reciente audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, expertos sugirieron reconsiderar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Nicaragua por los abusos a los derechos humanos, lo que pondría en aprietos a Nicaragua. Los senadores también se preparan para posiblemente aprobar la llamada Ley Renacer que establece mayor fiscalización de los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales a Nicaragua y alinear las sanciones entre EE.UU., Canadá y la Unión Europea.
El senador Marco Rubio, copatrocinador de la iniciativa, expuso que «a medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de Ortega, los abusos de derechos humanos y la represión continua de miembros de la prensa independiente».
