Senadores demócratas y republicanos, unidos en una sola acción bipartita, presentan este jueves, 25 de marzo, en el Congreso de Estados Unidos la propuesta de Ley llamada «Renacer», con la que se lanzan de lleno contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con sanciones específicas, restricciones al financiamiento internacional y presiones diplomáticas.
La iniciativa tiene como principal objetivo lograr que el régimen de Daniel Ortega garantice un proceso electoral libre, transparente y democrático e incluiría restricciones a las instituciones financieras internacionales para que no den asistencia económica a la dictadura de Nicaragua. También establecería una estrategia de sanciones en coordinación con socios diplomáticos de Estados Unidos.
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La Ley Renacer está siendo impulsada por el senador demócrata Bob Menéndez y la apoyan el también demócrata Richard Durbin junto con los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio.
De acuerdo con fuentes ligadas al Senado norteamericano que proporcionaron información el medio de comunicación Confidencial, «la iniciativa requiere del Ejecutivo reportes e información sobre crímenes contra el pueblo de Nicaragua e insta a una coordinación diplomática con fines de garantizar un proceso electoral libre y justo». Además, «tiene como objetivo enfocar la atención de la nueva administración (del demócrata Joe Biden) en esfuerzos que ayuden a elecciones libres».
La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al régimen de Daniel Ortega impulsar una serie de reformas electorales para tener elecciones democráticas con estándares internacionales y recomendó que dichas reformas deberían estar listas en mayo de 2021. Sin embargo, aún a finales de marzo, Daniel Ortega no ha dado muestras de querer impulsar los cambios a la legislación electoral.
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Los grupos opositores continúan bajo constante represión y sin posibilidades de ejercer su derecho a reunión ni de protestas y ante el nivel de represión contra el pueblo nicaragüense, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el martes 23 de marzo una resolución que exhorta a la administración de Ortega a que garantice que las elecciones de noviembre se ajusten a estándares internacionales y que permita observación nacional e internacional para lograr la transparencia del proceso y los resultados.
El Gobierno de Joe Biden podría estar entrando en una ofensiva de presiones contra el régimen de Daniel Ortega, pues diversas instancias norteamericanas han iniciado actividades encaminadas a presionar activamente a la dictadura de Nicaragua desde diversos ángulos.
El miércoles, 24 de marzo, se realizó una audiencia sobre la situación de la democracia en América Latina y el Caribe auspiciada por Comité de Relaciones Internacionales del Senado que preside el senador Menéndez y en dicha actividad, Deborah Ullmer, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), dijo que «es esencial que Estados Unidos presione para que se den elecciones legítimas con un mínimo de garantías, tales como la participación irrestricta para la oposición, que haya transparencia y que los comicios sean observados por la comunidad internacional en todo el proceso».
Asimismo, el analista en gobernabilidad del American Enterprise Institute (AEI, por sus siglas en inglés), Ryan C. Berg, recomendó a los senadores sancionar al Ejército de Nicaragua, ya que «hay efectivos militares que han estado involucrados en la violación de derechos humanos».
«Hay un fondo de inversión bastante lucrativo de la institución que beneficia al alto mando del Ejército, y sé que algunos de esos fondos están invertidos en la bolsa de valores de Estados Unidos, así que eso podría ser considerado», declaró Berg, en alusión a los fondos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) de Ejército de Nicaragua que desarrolla transacciones bursátiles en Estados Unidos.
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Según una investigación periodística de la revista Confidencial, publicada en agosto de 2019, las inversiones del IPSM (en ese momento) en la Bolsa de Valores de EE. UU. se calculaban en unos 30 millones de dólares y eran manejadas a través de varias firmas especializadas, entre ellas: Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
El analista Berg también recomendó que como parte de las presiones contra la dictadura sandinista impuesta en Nicaragua por Daniel ortega y su esposa Rosario Murillo podrían «reconsiderar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos».
Hasta la fecha, Estados Unidos ha aplicado sanciones individuales a través de la Ley Magnitsky o el Departamento del Tesoro por lo menos 27 operadores vinculados al régimen, entre ellos altos funcionarios, diputados y miembros de la familia presidencial como la vicepresidenta, esposa de Daniel Ortega y vocera del régimen, Rosario Murillo, además de sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, todos relacionados a lucrativos negocios que se han valido del poder político. Además, hay nueve instituciones públicas o entidades mixtas sancionadas, incluyendo a la Policía Nacional que es el brazo represivo por excelencia de la dictadura.
