32 periodistas independientes de diferentes partes de Nicaragua y que pertenecen a la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) interpusieron este jueves, 25 de febrero, ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso por inconstitucionalidad de la Ley 1042, «Ley Especial de Ciberdelitos», la que fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y publicada el viernes, 30 del mismo mes, en el diario oficial La Gaceta.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
Los comunicadores expresaron que la acción de interponer el recurso por inconstitucionalidad contra la «La Ley Mordaza» es porque la misma pretende seguir violando la libertad de prensa y expresión.
Cristopher Mendoza Jirón, del medio digital Onda Local, expresó a Artículo 66 que los periodistas se hicieron presentes de forma individual, porque «consideramos que esta ley nos afecta directamente (…) Estamos en una Nicaragua donde se reprimen los derechos a la libertad de expresión, movilización, pero pese a la limitares que vivimos actualmente, nunca se no ha pasado por la mente dejar nuestro trabajo, por tanto consideramos necesario ejercer un derecho recurrir por inconstitucionalidad de la Ley de Ciberdelitos».
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Por su parte, la periodista Tania López, corresponsal del medio televisivo Canal 10 y de Nicaragua Investiga en la ciudad de León, indicó que es un momento oportuno para hacer valer el derecho de recurrir por inconstitucionalidad a la Ley de Ciberdelitos. «Estar en la Corte Suprema de Justicia tiene un gran peso porque estamos demandando libertad y que se derogue esa ley (Ciberdelitos), porque esto va en contra de la libertad de prensa», resaltó.
«Machetazo» contra la libertad de expresión y de prensa
El periodista Abixael Mogollón, del diario La Prensa, calificó la vigente «Ley Mordaza» como un «machetazo» contra la libertad de expresión y contra la Constitución Política del país. Quiere Daniel Ortega impedir que los periodistas sigamos ejerciendo nuestro trabajo y los ciudadanos sigan expresándose de manera libre».
Mogollón agregó que esta nueva ley faculta a las autoridades policiales a revisar computadoras, celulares y en el peor de los casos realizar confiscaciones. «Esto va en contra de la privacidad de los nicaragüenses».
«Debemos tomar nuestras propias medidas de seguridad ante está ley impuesta por Daniel Ortega , pero siempre haciendo uso de nuestra libertad y saber que no estamos cometiendo ningún delito por informar», recomendó el periodista.
David Quintana, quien recientemente fue encontrado culpable por los supuestos delitos de injurias y calumnias, lamentó las trabas que la dictadura orteguista pone en las instituciones del Estado para poder realizar consultas o solicitar información. «Nosotros en este país estamos amenazados con una ley bozal, para impedir nuestro derecho a informar, por eso estamos haciendo uso del derecho que nos faculta la Constitución Política de Nicaragua como es recurrir por inconstitucionalidad ante esta ley».
Corresponsales en riesgo
Dennis García, corresponsal de Radio Corporación en Somoto, asegura que el trabajo periodístico en los departamentos corre un alto riesgo ante la Ley de Ciberdelitos, porque el gobierno pretende impedir la labor de informar. «En el norte del país el aparato represor del país ha querido imponerse contra los periodistas, porque el asedio es constante».
Otro de los corresponsales del Canal 10, en el departamento de Madriz, Yadiel Rivera Cornejo, quien ha sido amenazado por la Policía orteguista, expresó que la situación que vive el periodismo independiente es similar o peor a la vivida en 1978. «Solo recuerdo la frase que los periodistas en esa época decían: Libertad de prensa sí, código negro no; hoy decimos: ¡Libertad de prensa sí, Ley Mordaza no!».
También refirió que nunca se imaginó vivir esta represión ejecutada por la dictadura orteguista contra el periodismo independiente, sin embargo enfatizó que la dictadura puede confisca y encarcelar a periodistas, pero «nunca confiscará y callará al periodismo que sigue resistiendo».
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Desde que se hicieron presente los periodistas hasta el final, más de una decena de antimotines y paramilitares orteguistas estuvieron asediando la zona, sin embargo todos los comunicadores pudieron interponer el recurso.
Ley para callar al periodismo
La ley represiva fue aprobada el martes, 27 de octubre, con 70 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, pese a los cuestionamientos de pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. En tiempo récord, el régimen a través de sus operadores en la Asamblea Nacional presentó la iniciativa, la dictaminaron el 22 de octubre y una semana después la publica.
El artículo 48 de la Ley Mordaza establece que la ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta. En este apartado, la dictadura avisa que el castigo legal se haría efectivo en periodo electoral.
El artículo 30 contempla que «quien usando las tecnologías de la información y la comunicación publique y difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra, en la población o un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y 300 a 500 días multa. Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá la pena de 1 a 3 años de prisión y 150 a 350 días multas. Si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público y la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y 500 a 800 días multas».
Ese apartado es uno de los más cuestionados, porque criminaliza la difusión de información que, a criterio del régimen, pueda ser considerada violatoria de la ley aunque no lo sea y por ello es que se considera que está dirigida contra la oposición política y los medios de comunicación independientes. Su alcance es contra todo nicaragüense que se encuentre tanto dentro como fuera del territorio nacional, por lo que incluye la extradición.
