La nueva iniciativa de Ley de Ciberdelitos que introdujeron este lunes, 28 de septiembre, los diputados de la bancada del Frente Sandinista ya está provocando reacciones críticas tanto a nacional como internacional, porque la tachan de ser un «bozal» con el que el régimen pretende silenciar las voces de los que le adversan.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, a través de su cuenta oficial de Twitter dijo que «(la) nueva iniciativa de Ley en Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las tecnologías para divulgar información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra».
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El comunicador y cronista deportivo nicaragüense, Edgar Tijerino, en su programa radial Doble Play atacó duramente la iniciativa de ley y recordó que la dictadura pretende imponer el silencio a los nicaragüenses al peor estilo de la dictadura cubana.
«Viene una ley que va a dejar al país mudo. Cuando aprueben esa ley (de ciberdelitos), aquí ya nadie va a hablar. Lo que hables (contra el Gobierno) te pueden caer de dos a cuatro años de cárcel y hasta 500 días multas. La firmaron hoy 70 diputados de los benditos», dijo con ironía Tijerino.
Es una estocada a los derechos humanos de los nicaragüenses
La abogada experta en temas de corrupción Martha Patricia Molina, quien se ha dedicado en los últimos días a analizar jurídicamente las leyes que está promoviendo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considera que el régimen busca armarse con instrumentos jurídicos que va a utilizar contra la oposición política y contra todo el que se atreva a contradecir su régimen. Molina se ha referido a la reforma de prisión de cadena perpetua, a la Ley de Agente Extranjero y ahora con la Ley Especial de Ciberdelitos, la que catalogó como «una infamia y aberración jurídica».
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«Recientemente la administración pública del señor (Daniel) Ortega ha sido objeto de graves señalamientos de su mal proceder por información que ha sido filtrada haciendo uso de la tecnología y de las redes sociales. Se ha extraído información oficial del mal manejo del MINSA (Ministerio de Salud) respecto al COVID-19. También se han difundido conversaciones y videos de dirigentes sandinistas que comprueban su participación en la represión y en los delitos de lesa humanidad», recordó la jurista.
Según explicó la abogada Molina, la nueva ley estaría dirigida a los ciudadanos en general y en específico contra los medios de comunicación. Se podrán imponer penas que van de 2 a 10 años de prisión. La Policía y el Ministerio Público con orden judicial pueden intervenir los sistemas o dispositivos de almacenamiento de datos, lo que viene a normar las prácticas abusivas de la Policía y ahora se convierte en legal. Impone un bozal inmediato a todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren o no en el territorio nacional. Quienes serán criminalizados.
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«Es una ley inconstitucional porque vulnera el derecho de opinión, privacidad, propiedad privada, libertad de conciencia y otros. La ley prohíbe el uso de las redes sociales, WhatsApp, otras tecnologías para incitar, instigar, provocar, promover la comisión de delitos, pero debemos tener cuidado con esto porque el sistema judicial de Nicaragua, hace uso de la interpretación extensiva y en el país, no olvidemos que en este país regalar agua, usar banderas nacionales, usar globos, son considerados delitos».
Y agregó la abogada que «esta ley faculta la confiscación de aparatos cibernéticos; el juez podrá ordenar a los proveedores de servicios, recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, también realizar intervención o intercepción de las telecomunicaciones en tiempo real y además, es una ley que amenaza desde ya a todos los trabajadores del Estado que filtren cualquier tipo de información».
