La jueza orteguista Nancy Aguirre, quien es considerada «verdugo de los presos políticos», dictó una sentencia condenatoria en la que manda 16 años y nueve meses a la cárcel a los reos de conciencia William Caldera Navarrete y Danny García y además ordena que deben pagar en total 46 mil 400 córdobas de multa por tres delitos que, según los abogados defensores de ambos, nunca cometieron.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
La abogada defensora de Danny García, Jonarqui Martínez dijo a Artículo 66 que, tomando en cuenta la actitud anterior de la jueza del Décimo Distrito Penal de Juicios de Managua, Nancy Aguirre, que ya había declarado culpable a los opositores, esperaban también una condena como la que dictó, la que tilda de «parcializada e injusta».
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En el numeral uno de la sentencia de la jueza Aguirre dicta condena «a los acusados William Antonio Caldera Navarrete y Danny de los Ángeles García González, a la pena principal de 10 años de prisión 500 días multas que equivale a la cantidad 31 mil córdobas. Por ser los autores del delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancia controladas. En perjuicio de la salud pública de la sociedad nicaragüense».
Yonarqui Martínez, abogada independiente y defensora de derechos humanos. Foto: Artículo 66
«Era un hecho que una vez que lo declaró culpable, estábamos esperando la sentencia de la juez Nancy Aguirre, que continúa siendo la verdugo de los inocentes. Más aún imponiendo multas», se quejó la jurista.
En el numeral dos de la sentencia la judicial Aguirre se dicta, «Condénese a los acusados William Antonio Caldera Navarrete y Danny de los Ángeles García González, a la pena principal de 6 años de prisión 200 días multas que equivale a la cantidad 12 mil 400 córdobas. Por ser los autores del delito de tenencia de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad nicaragüense».
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La abogada Martínez aseguró que los ahora condenados enfrentaron un proceso anómalo, «ni siquiera la juez plasmaba en las actas lo que las defensas le solicitábamos. Testigos que no fueron incorporados como la ley establece, no se cumplió la cadena de custodia de las pruebas. La jueza corrigió pruebas cuando no está dentro de sus facultades. Así se dieron un sinnúmero de nulidades procesales».
De acuerdo con la abogada defensora, los reos políticos de Masaya, fueron sometidos a un proceso largo y parcializado pues desde que se le detuvo, cambiaron hasta la fecha.
Finalmente, en el numeral tres y último, la judicial dicta sentencia en la que dice, «Condénese a los acusados William Antonio Caldera Navarrete y Danny de los Ángeles García González, a la pena principal de 9 meses de prisión y 50 días multas que equivale a la cantidad 3 mil 100 córdobas. Por ser los autores del delito de tenencia o portación ilegal de armas o municiones, en perjuicio de la seguridad de la sociedad nicaragüense. Las penas se cumplirán de forma sucesivas en el sistema penitenciario de Tipitapa y finalizaran en el 2037».
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«Vamos a hacer uso del derecho de apelar la sentencia. Quedó evidenciado en el expediente que fue una condena injusta, fuera de la realidad. Voy a ejercer mi derecho de apelar. Yo sigo manteniendo que Danny es inocente y esperamos que el Tribunal de Apelaciones se reivindique y dé una sentencia a nuestro favor porque Danny no participó en nada de los que se le acusa», indicó la defensora que también representa a otros presos políticos que en su mayoría están siendo procesados por delitos comunes, evidencias que denuncian son fabricadas por la Policía y la Fiscalía.
Los reos políticos Danny García y William Caldera Navarrete son reconocidos opositores de Masaya donde se incorporaron a las protestas cívicas desde el 2018. Fueron recapturados por la Policía del régimen Ortega-Murillo el 14 de septiembre del 2020 luego de allanar sus respectivas viviendas para después acusarlos por delitos comunes relacionados con drogas, armas y explosivos, exactamente el mismo patrón que están siguiendo la Policía y el Ministerio Público contra los opositores políticos.
