Como pruebas espurias y ridículas calificó la abogada Yonarqui Martínez la versión de oficiales de la Policía orteguista en contra de los presos políticos de Danny García González y William Caldera Navarrete, quienes el jueves, 19 de noviembre, fueron llevados a la tercera audiencia de juicio ante la orteguista Nancy Aguirre, acusados de los supuestos delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
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«El Ministerio Público presentó como parte de sus pruebas a oficiales de la Policía (…). Sus testimonios son completamente contradictorios, no coinciden con la acusación, mucho menos con la detención. Además que en la acusación sale que los dos ciudadanos fueron capturados el 15 de septiembre, cuando toda Nicaragua sabe que la detención ilegal fue el 14 del mismo mes».
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Martínez, quien es defensora de Danny García, expresó que las diligencias policiales son absurdas y ridículas, «inclusive se contradice el Ministerio Público. Con su falta de objetivad deja en ridículo la autoridad policial, porque la Policía hizo una conferencia de prensa donde reconocen que la detención de los dos presos políticos fue el 14 de septiembre…».
Pruebas ilegales y contaminadas
La defensora de García también refirió que las pruebas que presenta la Fiscalía fueron obtenidas de manera ilegal, porque las supuesta evidencia que se encontró para culpar a los presos de la dictadura no cumplió con la cadena de custodia, «porque los policías contaminaron la evidencia».
«Los oficiales no hicieron el pesaje en el lugar donde supuestamente encontraron la droga en Masaya y lo vienen a hacer de mamera antojadiza en Managua, aduciendo que Danny (García) se había negado a firmar, y es obvio que mi defendido no va a firmar nada que no haya andado en su poder».
Otra de las razones por la que la defensora de derechos humanos tilda ridícula la versión de los oficiales es que los peritos aducen que el material explosivo que supuestamente les decomisaron podía explotar en cualquier momento solo con vibrar. «Entonces yo le pregunté que si la bomba no podía vibrar, cómo aguantó la bomba el movimiento del vehículo en que los oficiales se trasladaban hacia Managua, porque el chofer que llegó a declarar dijo que conducía a más de 60 kilómetros por hora».
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«Los argumentos de la Policía son ridículos y que están fuera de la lógica y que evidentemente encaminan aún más a la inocencia de Danny García», insistió Yonarqui Martínez, quien también refirió que con este proceso solo se pretende «castigar» a los opositores del régimen de Daniel Ortega.
Próxima audiencia para el 25 de noviembre
Por su parte, la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien lleva la defensa del ahora preso político William Caldera, coincidió con Martínez en que las pruebas en contra de los dos opositores son contradictorias y espurias. Oviedo también informó que la cuarta audiencia de juicio en contra de los dos presos políticos de Masaya será el 25 de noviembre, a las 10 de la mañana.
Danny García y William Caldera fueron secuestrados el 14 de septiembre, de 2020, el primero fue sacado a las seis de la mañana de su casa, mientras que el otro ciudadano fue secuestrado en horas de la tarde. En cuanto a García, pese a tener medidas cautelares, la dictadura emprendió asedio y hostigamiento en su contra, hasta que lo volvió a encerrar en el penal, conocido como «La Modelo».
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En una entrevista con este medio de comunicación, la exrea política Ruth Matute, esposa de Danny García, aseguró que esas acciones se deben a que su marido se negó a «ser informante de la Policía, lo hostigaban todo el tiempo, hasta que lo volvieron a secuestrar, pero él es inocente y no me cansaré de exigir su libertad».
En el caso de William Caldera, este no tiene antecedentes penales previos a su detención. Sin embargo, Danny García fue secuestrado junto a otros de sus familiares el seis de octubre de 2018 y acusado por los delitos de terrorismo. Salió de la cárcel bajó convivencia familiar el 27 de febrero de 2019, cuando iniciaba el Diálogo Nacional entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica, sin embargo el asedio continuó hasta que el régimen lo volvió a encerrar.
