Nicaragua sigue bajo el ojo vigilante de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Esta vez el Organismo CIVICUS Monitor, con sede en Sudáfrica, ubicó a nuestro país en la «lista de vigilancia» por ser considerado un régimen represivo contra los derechos humanos y las libertades civiles, según indica el comunicado dado a conocer por la institución.
De acuerdo con la nota, Nicaragua ha sido incluida en la lista de vigilancia porque «una ola de leyes represivas amenaza a la sociedad civil, a la libre expresión y la participación política. (Porque) El acoso y la persecución a los críticos del gobierno suscitan preocupación», y por esas razones «El CIVICUS Monitor califica el estado de las libertades cívicas en Nicaragua como “represivo”».
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CIVICUS Monitor es una herramienta de investigación que proporciona datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la sociedad civil y las libertades cívicas en 196 países. Las evaluaciones las realizan a partir de los datos que se generan gracias a la colaboración de más de 20 socios de investigación de la sociedad civil, y la aportación de una serie de evaluaciones independientes de los derechos humanos. Los datos proporcionan la base para las calificaciones del espacio cívico, que se basan en información actualizada e indicadores sobre el estado de la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión. Los países pueden calificarse como «abierto», «estrecho», «obstruido», «represivo» y «cerrado».
El organismo califica la situación de Nicaragua como «Una ola de leyes represivas diseñadas para reducir las libertades civiles y políticas, así como la persecución incesante de quienes son considerados como críticos del gobierno (que) han contribuido al deterioro del espacio cívico en el país centroamericano». En la misma lista solo hay cinco países entre los que se cuentan, además de Nicaragua, Myanmar, Rusia, Togo y Polonia.
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«Casi tres años después de la crisis política nicaragüense que comenzó con manifestaciones socioeconómicas generalizadas en 2018, el gobierno se muestra decido a acabar con la disidencia y ha iniciado un nuevo ataque contra la sociedad civil, la prensa independiente y los grupos de oposición. En los últimos meses legisladores progubernamentales aprobaron varias leyes que facilitan el control de las actividades de la sociedad civil, criminalizan las actividades legítimas en Internet y aumentan todavía más la persecución de manifestantes y de grupos de oposición», detalla el informe presentado por CIVICUS este jueves 18 de febrero.
Natalia Gómez Peña, responsable de incidencia para América Latina, de CIVICUS, en entrevista con Artículo 66, indicó que tratan de movilizar la solidaridad de la comunidad internacional, llamar la atención sobre el objeto de observación donde se vive una situación critica como el caso de Nicaragua, donde el Gobierno debería rendir cuentas por los abusos cometidos y por las leyes represivas que mantienen en una situación crítica de criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos. «Nicaragua está obligado a cumplir con estándares internacionales y deberá cumplir», dijo.
El organismo señala que el ambiente en Nicaragua se torna más hostil, a partir de la aprobación, por los diputados subordinados el régimen Ortega-Murillo, de las llamadas leyes represivas, entre ellas la Ley de Agentes extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la reforma constitucional que estableció la pena de prisión Perpetua, además de la Ley de Reforma del Código Procesal Penal del país que permite la imposición de prisión preventiva sin cargos hasta durante 90 días. «Esta legislación, que según las Naciones Unidas no se ajusta a las normas internacionales en materia de derechos humanos, sugiere que es posible que la sucesión de leyes restrictivas aún no haya terminado».
Otro aspecto señalado por CIVICUS es la persecución y acoso sistemáticos por parte de la seguridad del Estado y de grupos civiles progubernamentales mediante el asedio a las viviendas de los opositores así como detenciones arbitrarias y amenazas contra ellos y sus familias.
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«En las próximas semanas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas discutirá una resolución sobre Nicaragua. Hacemos un llamado a los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que inicien una investigación sobre la continua persecución de los defensores de los derechos humanos en el país y para que velen por la rendición de cuentas a nivel internacional antes de las elecciones presidenciales de noviembre», indica el comunicado oficial de CIVICUS.
También indica el organismo que seguirá de cerca los acontecimientos en Nicaragua y transmitirá sus preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual celebrará su 46 período de sesiones del 22 de febrero al 23 de marzo de 2021 en Ginebra, Suiza.
Recomendaciones
Como parte del trabajo de vigilancia de los derechos humanos, CIVICUS hace una serie de recomendaciones para superar la crisis en Nicaragua desde la sociedad civil con apoyo de la comunidad internacional.
Al Gobierno de Nicaragua le recomienda liberar y retirar los cargos en contra de defensores de derechos humanos, oposición política y periodistas, y tomar las medidas necesarias para su protección.
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Además, le recomienda a la comunidad internacional, apoyar iniciativas multilaterales, incluyendo en el Consejo de Derechos Humanos, que aseguren el escrutinio internacional de Nicaragua y mayor responsabilidad y justicia por crímenes bajo la legislación internacional.
Asimismo, piden que se debe instar a Nicaragua a implementar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y permitirle acceso al país. Expresar apoyo a los defensores de los derechos humanos y brindar apoyo material y diplomático a la sociedad civil, periodistas y activistas en riesgo