El ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta aseguró este lunes, 15 de febrero, que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) le expresó al Gobierno de Nicaragua, reconocimiento por «logros importantes» en la lucha contra el lavado de dinero. Tal afirmación la hizo el ministro orteguista durante una entrevista en el programa En Vivo, del propagandista Alberto Mora.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
«En enero tenemos un reconocimiento del GAFI, nos está reconociendo porque hemos tenido importantes avances para fortalecer las leyes antilavado», dijo Acosta, al tratar de justificar la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, la que ha sido cuestiona porque supone una forma de presionar a los bancos privados para que les reabra las cuentas y servicios bancarios a las personas e intuiciones ligadas al régimen de Daniel Ortega y que han sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos mediante la Oficina de control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro o mediante la aplicación de la Ley Global Magnitsky.
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Las sanciones mediante cualquiera de esas dos vías significa una «muerte financiera» para el sancionado, es decir, ninguna institución bancaria o comercial que tenga relaciones económicas con Estados Unidos puede tener relación comercial con un sancionado, so pena de ser requerido por el gobierno norteamericano. En Nicaragua esas sanciones se le han aplicado a 27 funcionarios e instituciones por estar ligadas a la dictadura y que son señalados de participar o colaborar con la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses y de ser parte de la corrupción gubernamental.
Entre los sancionados se cuenta la propia vicedictadora Rosario Murillo y tres de sus hijos, además de los operadores políticos más cercanos al círculo del poder de la tiranía.
Ante la aprobación de la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, tanto la empresa privada como la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) han advertido que la intención del régimen es «lavarle la cara financiera» a los sancionado por lo que, de implementarse, pondría a Nicaragua en peligro de ser tildada de «paraíso fiscal», es decir, un santuario para el lavado de dinero y podría significar incluso el descredito del país ante el sistema financiero internacional.
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La abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de transparencia y anticorrupción, dijo que lo dicho por Iván Acosta no es «precisamente que los hayan felicitado» y que no tienen nada que celebrar porque es uno de los gobiernos que menos recomendaciones del GAFI cumple.
«En principio, Iván Acosta parece no saber qué significa GAFI y para colmo, es el coordinador de la Comisión Antilavado y está sancionado por el departamento del tesoro de Estados Unidos, no sé cómo eso puede ser posible, un sancionado al frente de una organización contra el lavado de dinero, es un contrasentido porque el mismo GAFI dice que los sancionados son personas tóxicas para el sistema financiero internacional y recomiendan a las instituciones financieras que no tengan relaciones con ellos», dijo la abogada.
Molina, que también es integrante del Observatorio Protransparencia y Anticorrupción, indicó que Nicaragua solo ha logrado cumplir siete de las 40 recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de dinero. «No veo como puedan felicitarlos (al Gobierno) cuando solo logran cumplir siete de cuarenta recomendaciones» recalcó.
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Asimismo, detalló que en la última evaluación que hizo el organismo internacional anticorrupción y lavado de dinero, señalo que Nicaragua logra ubicar en la categoría de «mayoritariamente cumplida», 28 recomendaciones, lo que indica que no las cumple, solo ejecuta parte de ellas pero no llega a cumplirlas.
«El GAFI valora los aspectos técnicos, leyes y normativas y probablemente Nicaragua no ha notificado la realidad de la Ley del Consumidor. Puede ser que el GAFI solo tiene la versión del Gobierno pero va a cambiar la percepción cuando conozca la versión de la banca privada y la sociedad civil organizada y más aún cuando conozcan y verifiquen que Ana Julia Guido e Iván Acosta están sancionados y aún así son miembros de la Comisión Nacional antilavado», indicó la abogada experta en transparencia.
El pasado 28 de enero, el organismo Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción y el caso de Nicaragua, aparece calificada con 22 puntos de cien, con los que se mide el índice de corrupción de los estados evaluados y esa puntuación coloca al país como el tercero más corrupto de Latinoamérica. Seguidamente están Venezuela que obtuvo 18 puntos y luego Haití, que fue calificado con 15 puntos. Es decir, Haití al igual que Nicaragua coinciden con ser los más pobres y a la vez ser vistos como los más corruptos de la región.
