La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su boletín informativo con cierre al 31 de diciembre de 2020 en el que valoró la situación de Nicaragua en esa materia, la cual calificó como «deficiente, sin mayores avances y algunos retrocesos en el cumplimiento de las recomendaciones».
El boletín presentado OACNUDH, fechado en Ciudad de Panamá, este lunes 8 de febrero de 2021, informa que, faltando menos de un año para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua, «el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada (de derechos Humanos) en septiembre de 2019 ha sido deficiente».
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El informe agrega que «a pesar de algunas señales positivas de distensión, tales como la liberación de personas detenidas por hechos relacionados con las protestas de 2018, el balance es deficiente, constatándose que el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren las recomendaciones, tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, y la reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral».
Asimismo, la OACNUDH indica que en Nicaragua continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
«OACNUDH ha podido constatar también que, en varios aspectos, se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses. La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma del Código Procesal Penal. La misma permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo, sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal», señala el boletín informativo de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas».

En septiembre de 2019, la máxima representante de la ONU, Michel Bachelet, rindió un informe sobre la violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y propuso 14 recomendaciones para solucionar la crisis del país, entre ellos, ocho puntos dirigidos al Estado de Nicaragua, dos exhortaciones la Procuraduría Para la defensa de Derechos Humanos (PDDH) y cuatro puntos más dirigidos a los organismo regionales y la comunidad internacional.
Las ocho recomendaciones a la dictadura
A: Reanude urgentemente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019;
B: Garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacíca, expresión y asociación; y condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros;
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C: Restablezca urgentemente la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes, documentos y equipos incautados;
D: Con el apoyo de la OACNUDH y su cooperación técnica, así como con la asistencia de las instituciones regionales de derechos humanos, establezca un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo, se centre en las víctimas, y contemple lo siguiente:Investigación y enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018, especialmente las violaciones graves de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual, en particular mediante la creación de una Unidad Especial dentro del Ministerio Público; Le recomendamos: Nicaragua se queda sin representante de derechos humanos al ser sancionada por Naciones Unidas la PDDH
(ii) Consultas participativas e inclusivas para la reforma del sector judicial, incluida la renovación de cargos en consonancia con las normas internacionales, tales como los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y las Directrices sobre la Función de los Fiscales;
(iii) Previa consulta con asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas, la elaboración y aplicación de un conjunto de medidas de amplio alcance que garanticen el acceso a la justicia y la reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018, incluida la abrogación de las Leyes 994 y 996;
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(iv) Desarticulación y desarme de los elementos armados progubernamentales y reforma general del sector de la seguridad, incluida la investigación de antecedentes en materia de violaciones de derechos humanos, la supervisión y el control civil, y la revisión de la Ley 872 de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos. /
E: Adopte medidas inmediatas para poner n y prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos en custodia, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento; lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces de toda denuncia de tortura y malos tratos, así como de los hechos violentos subsiguientes a la protesta dentro de la cárcel La Modelo el 16 de mayo de 2019; lleve a los autores ante la justicia y garantice la reparación a las víctimas;

F: Ponga fin a las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el Gobierno;
G: Modifique la legislación penal para garantizar su plena compatibilidad con las normas y estándares internacionales; en particular, para garantizar que toda privación de libertad sea ordenada por una autoridad judicial, que la detención preventiva se imponga sólo si se considera necesaria y proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias personales del imputado, y que las órdenes de arresto, incautación y registro sean emitidas por una autoridad judicial antes de su ejecución;
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H: Asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.
la calificación de «deficiente» que hace la alta comisionada de los derechos humanos indica que las recomendaciones hechas al estado de Nicaragua para superar la crisis política que se agravó a partir del 2018, no han sido cumplidas.
El ultimo boletín informativo de la OACNUDH señala que esta instancia internacional ha ofrecido en repetidas ocasiones su asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas que recomendó la Alta Comisionada, «pero estos ofrecimientos aún no han sido tomados en cuenta por el Gobierno de Nicaragua».