La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este lunes, ocho de febrero, en el que condena las acciones de destrucción que han llevado a cabo trabajadores enviado por las autoridades gubernamentales, sobre los bienes «confiscados arbitrariamente por el Estado de Nicaragua, a las organizaciones no gubernamentales», a la vez que urge al Gobierno que restablezcan las garantías democráticas y las condiciones para la defensa de derechos humanos así como el pleno ejercicio de la libertad de asociación, expresión y el derecho a la protesta social.
Según el comunicado de la CIDH fechado en Washington, desde 30 de enero pasado, conocieron y condenaron los trabajos de demolición que fueron iniciados el 29 de enero de 2021, de las instalaciones confiscadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Managua, así como la utilización de sus oficinas de Juigalpa, Chontales.
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De igual manera, en octubre del 2020, la CIDH denunció la ocupación de predios pertenecientes al ONG Fundación del Río. Poco antes habían reprochado la instalación de letreros oficiales en varias de las instalaciones requisadas a otros organismos, con lo cual se anunciaba su adjudicación como propiedad del Estado.
«Estos hechos ocurren a partir de la cancelación de la personería jurídica decretada por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2018, a nueve organizaciones no gubernamentales locales dedicadas a la defensa de derechos humanos, incluyendo Cenidh y la Fundación el Río. Desde entonces, las sedes de las organizaciones fueron allanadas y ocupadas por agentes del Estado, y aunque las organizaciones afectadas interpusieron recursos judiciales contra estos hechos, a la fecha, estos continúan sin ser resueltos. Las medidas, tanto jurídico administrativas de cancelación de la personalidad jurídica por medio de procesos ilegales y arbitrarios, así como la ocupación de hecho, destrucción o alteración de las instalaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos constituye una de las restricciones más severas de la libertad de asociación. Además, estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país», recalca el organismo regional de derechos humanos.
El escrito agrega que «la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento de defensoras y defensores de derechos humanos e insta a garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores de promoción y defensa, así como a ejercer sus derechos».
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De igual manera, el organismo de derechos humanos señaló «que estas medidas represivas se enmarcan como parte de una crisis de derechos humanos general que persiste en Nicaragua desde abril de 2018, en la que se ha alterado el orden constitucional y democrático del país, la Comisión reitera su llamado al restablecimiento de las garantías democráticas y mantiene su disposición de colaboración con el Estado de Nicaragua en esa dirección».
Finalmente, la CIDH le recuerda al Estado de Nicaragua que esta instancia es «un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia».
