Por: Javier Rocha
La iniciativa presentada al Poder Legislativo, que pretende reformar la Ley 842, o Ley de Defensa de los Usuarios y Consumidores, es un intento claro de ampliar el control político sobre el sector privado del país, y de ‘resucitar’, financieramente hablando, a las personas e instituciones que han sido sancionadas por Estados Unidos.
Daniel Ortega «se siente muy débil, presionado por su círculo íntimo de poder. Está haciendo una jugada al borde del abismo para tratar que las sanciones sean eliminadas por parte de la nueva administración norteamericana», dijo el sociólogo Óscar René Vargas, a través de un escrito distribuido masivamente.
La reforma está destinada a «crear el miedo en los banqueros al obligar que los sancionados puedan abrir cuentas bancarias, lo cual sería una amenaza de muerte a la banca privada al ser excluida del sistema financiero global, ya que las normas las pone el Tesoro de Estados Unidos y los grandes bancos internacionales las ejecutan», resaltó en su texto.
Si esa reforma se aprueba tal como fue dictaminada, el inciso tres del artículo 54 permitirá que los usuarios del sistema bancario puedan reclamar ante la Superintendencia de Bancos, o ante el Banco Central, cuando un banco privado les cierre una cuenta, o se niegue a abrirles una, tal como ocurre con los sancionados por Estados Unidos, y sus familiares.
«En caso de la decisión de cancelación unilateral de los productos o servicios financieros prestados por la entidad financiera, el usuario podrá acudir a las instancias competentes a reclamar los daños o perjuicios causados», reza parte del artículo uno de la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuaria.
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La nueva ley también ubica a entidades gubernamentales sancionadas, como la la Policía Nacional, como usuaria de servicios básicos y servicios financieros. Lo que automáticamente vuelve al Estado en juez y parte, para obligar a los bancos y empresas prestadoras de luz, telefonía o internet, a mantener abiertas las cuentas de la institución que fue «fichada» por el Departamento del Tesoro norteamericano.
«Persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios, tanto privados como públicos, como destinataria final, incluyendo el Estado y sus instituciones cuando actúan como consumidores o usuarios», define la reforma legislativa como concepto de «usuario», lo que obliga a los entes privados a «ofrecer bienes o prestar servicios a la personas consumidoras o usuarias sin discriminación alguna por motivos políticos, raza, sexo, género, nacionalidad, idioma, discapacidad, estatus económico o social, condiciones de salud, religión, edad, opinión, estado civil o cualquier otro motivo. En tal sentido, las personas proveedoras no podrán negar sin causa legal justificada la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionadas realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas, para satisfacción de los bienes y servicios requeridos o contratados».
En declaraciones recientes, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, ha destacado que la propuesta de ley dice que «la cancelación de contratos debe estar justificada, y que no puede trascender a los familiares del afectado, y ese ya es un tema vinculado a las sanciones».
También explicó que el cierre de cuentas debe ser notificado al ente regulador, y si este lo revierte, hay que reabrir la cuenta. De lo contrario, el ente regulador está facultado para imponer multas, o para ordenar el cierre temporal o definitivo del negocio involucrado, que puede ser no solo un prestador de servicios financieros, sino también de otros servicios.
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A juicio de Aguerri «no lo hacen para apoyar a los 6.3 millones como usuarios, sino para tener el control político total, al nombrar como servicios básicos, a la internet, la telefonía celular y la TV por cable», lo que condiciona a estas empresas, al ponerlas bajo el control de la institución del Estado que está detrás de estos servicios.
Sin corresponsales, no hay negocios
Si bien la alarma está sonando en los despachos de las empresas que prestan ese tipo de servicios, el destino de la banca es el que despierta las mayores preocupaciones. La reforma obligaría a los banqueros a decidir si observan la ley estadounidense, que puede acarrearles multas y cierre, o cumplen la ley nicaragüense, que los excluiría de la banca global.
Varias fuentes, entre economistas, auditores y abogados consultados para escribir este artículo, que exigieron obviar sus nombres como requisito para compartir sus puntos de vista, coincidieron en una conclusión similar: reformar la ley en los términos en que está planteado, representa un golpe casi mortal a la banca nica.
«Si esta ley se aprueba, el JPMorgan Chase y el Bank Of America, que son los únicos bancos que prestan servicio de corresponsalía a los bancos en Nicaragua, cortarían su relación con ellos, con lo cual se caen todas las transacciones entre las casas exportadoras con los clientes», dijo un exfuncionario del Banco Central.
Para el sociólogo Vargas los bancos pueden perder inversiones y ganancias potenciales, cuando no puedan transferir remesas, efectuar transacciones comerciales, cuando les cierren las líneas de crédito, les cancelen el uso de las marcas de tarjetas de crédito y les inhiban de efectuar otras actividades.
Al quedarse sin banco corresponsal «ya no se podría seguir la ‘cadena de custodia de los fondos’, además que desaparecerían los mecanismos de compensación de fondos, que son los que permiten hacer transferencias internacionales, por lo que ya no puede recibir ni hacer pagos», dijo una de las fuentes.
«Cuando un banco se queda sin corresponsalía con Estados Unidos, ningún organismo le da dinero para intermediar», y por consiguiente, ve muy limitadas sus capacidades para ofrecer créditos, además que «se vería afectado el ‘record crediticio’ del banco», explicó.
Además de los bancos, también sufrirían las empresas que hacen negocios con el extranjero: desde los grandes conglomerados constituidos con capital nacional que tienen en la exportación su principal fuente de ingresos, hasta las multinacionales establecidas en el país, que mantienen un intercambio comercial y financiero con sus sedes fuera de nuestras fronteras.
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«Esas empresas ya no podrían exportar ni importar. Ni siquiera podrían seguir pagando sus planillas. Compañías internacionales que ya están en Nicaragua, como Cargill, o Walmart, no podrían hacer negocios con los bancos«, dijo otra fuente que sustenta la tesis de que la verdadera utilidad de leyes como esta, es «tener ‘cartas’ con qué negociar, cuando Ortega se siente con el sector privado», como presupone que al final ocurrirá.
«¿Logrará Ortega doblar el brazo a los banqueros, o estos presionarán al gran capital a negociar con Ortega? Creo que el régimen está ‘chamarreando’. No le conviene que Nicaragua entre en el estatuto de paria internacional. Sería contraproducente, y una victoria pírrica, ya que daña a su régimen, al romper el equilibrio macroeconómico», mostró Vargas.
Advierten contra imprudencia
Detrás del equilibrio macroeconómico, se va también todo el esfuerzo de muchos años, realizado por el Gobierno de Ortega por convencer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de que el país está tratando de combatir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
«Si aprobaran esa ley, su articulado entraría en conflicto con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero, y se perdería toda la credibilidad que el país ha tratado de construir en ese campo», dijo otra de las fuentes.
«Implementar esa política para el sector financiero, es una imprudencia que podría llevar a consecuencias sobre el Estado de Derecho y la confianza de los inversionistas», señalaron dos diputados liberales, al emitir un voto razonado en contra del dictamen, que fue aprobado por 13 diputados que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Los diputados que disintieron de la decisión de la mayoría fueron Walter Espinoza, y Azucena Castillo, argumentando que «tratar de intervenir… en las políticas privadas de la banca puede ser contraproducente», y que no basta con haber llamado a consultas a la Superintendencia y al BCN, sino que debieron llamar a los bancos mismos.
Aunque ni los bancos en particular, ni la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), fueron invitados por la Comisión, la organización que representa a los banqueros advirtió a los diputados por qué no deberían efectuar esos cambios.
La reforma «transgrede el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales, e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o un consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos», dijo Asobanp.
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El voto razonado de los liberales constitucionalistas enfatiza en la importancia de los servicios financieros «para abrir las puertas al comercio, la inversión y las exportaciones, que conllevan a la tecnología y a las remesas».
Haciéndose eco de quienes aseguran que esta ley vuelve al Estado ‘juez y parte’, Espinoza y Castillo dicen que «querer equiparar al Gobierno con el consumidor, es un desacierto. Hay que recordar que la protección al consumidor es un derecho humano, no un derecho de Estado».
Pero una de las fuentes recordó que tanto el Estado puede demandar a un ciudadano por daños y perjuicios, como el ciudadano también puede (al menos en el papel) hacerle lo mismo al Estado, sin que eso implique necesariamente que el Estado se ha constituido en juez y parte.
Al final, solo Vargas se atrevió a decir de forma pública, lo que muchos remachan en las redes sociales: que la banca (toda ella, expresión del gran capital), solo está cosechando lo que quizás no quiso sembrar, pero dejó que otro sembrara.
«Hasta la fecha, los banqueros han estado sumisos y ciegos frente a la represión generalizada y viendo hacia otro lado, porque supuestamente así defienden mejor sus intereses. Ahora ya saben que no es así», dijo fustigando a los más grandes capitalistas del país.
Todos los banqueros y los bancos son propiedad, o son socios, o simplemente testaferros d ortega. Ojalá pueda ya quitarse esa venda el pueblo d Nicaragua y no sigan creyendo q los capitalistas salvajes del COSEP y otras agrupaciones similares se oponen al dictador asesino moclìn. Ojalá los gringos sancionen a todos estos sinvergüenzas q se han enriquecido con ortega, como pellas, aguerri, montealegre, y otras ratas q han sido empleados y testaferros, lo q los convierte en cómplices d el dúo asesino y demás ratas