El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), con más de 35 años de existencia, lamentó y condenó las acciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega, quien después de confiscarlos y quitarles su personalidad jurídica, mandó a rotular sus instalaciones con el aviso que ahora pasan a ser propiedad del Ministerio de Salud (Minsa).
«Con gran dolor y rabia hemos conocido la usurpación ahora por parte del Ministerio de Salud de nuestras instalaciones (…). Esta nueva actuación del régimen de los Ortega Murillo es una muestra más de que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse, el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad, todos protegidos por la Constitución Política, las leyes y los distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado».
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Esta ONG, a la que desde el 2018 le fue cancelada su personalidad jurídica, señaló que han introducido los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna por parte de esa institución del Estado.
Cisas recalcó que con estos hechos se demuestra que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «no tiene ningún respeto por las leyes ni los derechos. Condenamos esta nueva arbitrariedad y seguiremos denunciándolas (…) La justicia caerá con todo el peso de la verdad contra los y las usurpadoras, violadores, asesinos y criminales que hoy le roban la alegría, la paz, la vida y la seguridad al pueblo de Nicaragua».
Cenidh condena «acción perversa»
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó el robo a sus instalaciones y las calificó de perversas. Además, advirtió que «así como el día en que nos asaltaron, nos dispusimos a defender al Cenidh, ahora nos disponemos a defender nuestras instalaciones».
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«Este es otro acto de cobardía más, están queriendo esconder el asalto de las ONG, fingiendo que ahora las instalaciones van a ser del Minsa, son los Ortega-Murillo los que se las han robado y tendrán que responder algún día ante la justicia», refirió la organización a través de su cuenta de Twitter.
Según Vilma Núñez. presidenta del Cenidh, no le sorprende que el régimen Ortega y Murillo haya puesto un rótulo en las afueras de las instalaciones, porque «esto lo estábamos esperando, tardaron mucho en hacerlo, ya se habían robado nuestra propiedad desde el 13 de diciembre de 2018».
La organizaciones y medios de comunicación confiscados de forma ilegal denunciaron que seguirán exigiendo la devolución de sus bienes que la dictadura les robó desde que decidieron denunciar, informar y defender los derechos humanos tras el estallido social de 2018.
