Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua continúan interponiendo recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que el régimen de Daniel Ortega pretende espiar y controlar los recursos y las actividades de los organismos no gubernamentales y de la oposición política.
Este miércoles 03 de diciembre, cuatro delegados de organizaciones se presentaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer recursos por inconstitucionalidad, alegando que la Ley 1040 viola varios artículos de la Constitución Política de Nicaragua relacionados con los derechos civiles e individuales y además, contradice convenios internacionales de derechos humanos firmados por el Estado. En total, la normativa suma cuatro recursos en su contra, pues esa queja anteriormente la hizo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
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La normativa fue aprobada el 15 de octubre de 2020. Cuatro días después, fue publicada en La Gaceta Oficial número 192, con lo cual entró en vigencia. Después del 19 de octubre deberán transcurrir 60 días para que todo aquel que el Gobierno tilde de agente extranjero por recibir algún tipo de financiamiento desde el exterior no pueda hacer movimientos ni trámites financieros ni de bienes. El régimen de esta manera busca obligar a que los organismos se inscriban en el Ministerio de Gobernación con esa figura para fiscalizarlos.
Ese término se cumple el próximo 18 de diciembre, a partir de dicha fecha se deberán contar cinco días para inscribirse de lo contrario el Estado podrá confiscar cuentas y bienes de todo organismo o personas naturales que no se sometan a la ley y que el régimen señale de ser agente extranjero. Para el el 23 de diciembre, a la víspera de Navidad, podría comenzar una «Navidad roja» para los ONG que estén al margen de la normativa.
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Edmundo Jarquín, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y uno de los comparecientes ante la CSJ, expresó que «independientemente de que acepten o no el recurso contra la Ley 1040, si no se agotan las vías internas que establece el sistema jurídico nicaragüenses no podemos recurrir a otras instancias. Tenemos que agotar los recursos que nos permiten las layes nacionales para luego poder recurrir ante los organismos internacionales».
Según el político opositor, la Ley 1040 es discriminatoria en cuanto a los ciudadanos que pueden ser considerados agentes extranjeros. «Es una ley que responde exclusivamente a los intereses de la dictadura para mantener su régimen autoritario y represivo».
CPDH prepara recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Agentes Extranjeros. Foto: Internet/Archivo.
En tanto, Suyen Barahona, también dirigente del MRS, explicó que aún cuando saben que posiblemente no van a ser escuchados por la CSJ están ejerciendo el derecho que les otorgan las leyes nacionales de oponerse a cualquier normativa que viole la Constitución de Nicaragua.
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«Estamos ejerciendo nuestros derechos, demandando nuestros derechos ante una ley que es violatoria de la Constitución y de los derechos humanos. Esta es una forma de denuncia de las barbaries que está cometiendo este régimen, que ha cometido crímenes de lea humanidad. Es una ley que pretende criminalizar medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, a proyectos sociales. Ortega pretende coartar el financiamiento de organizaciones que apoyan en la defensa de los derechos humanos«, dijo la presidenta de ese movimiento.
Barahona agregó que estos recursos son un mensaje claro para el régimen de Ortega, con el que demuestran que la población se opondrá a las leyes injustas. «Es una ley absolutamente ilegal. Le estamos diciendo a Ortega que no nos va a callar, que no nos vamos a detener hasta lograr justicia y democracia para este país y que no vamos a obedecer leyes que son absolutamente ilegales. Estamos en la obligación de desobedecer leyes que no son correctas», sentenció Barahona.
La opositora Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Coalición Nacional (CN) también se presentó a la CSJ como parte de los recurrentes contra a Ley Putin y recordó al régimen Ortega-Murillo que la aplicación de esa ley podría traer consecuencias contra la cúpula del Gobierno.
«Es una diversidad de grupos que hemos procedido a interponer el recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, después vamos a pasar al plano internacional. Nuestro mensaje a la comunidad internacional es que vengan más sanciones específicas contra la cúpula de la dictadura, no solo por la ley sino porque vivimos en un estado de terrorismo. Aún tenemos más de cien presos, y no hay posibilidades de libertad y democracia, ni la viabilidad como país mientras no salgamos de la dictadura de Daniel Ortega», señaló Granera.
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Sandra Arceda, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, de Esquipulas, Matagalpa, igualmente llegó al Poder Judicial para interponer otro recurso por inconstitucional contra la Ley de Agentes Extranjeros.
«Estamos interponiendo el recurso (por inconstitucionalidad) contra la Ley 1040 porque atenta contra los derechos individuales de las personas y contra el derecho de ser nicaragüense, porque no puede ser que a los nicaragüenses nos tilden de agentes extranjeros, instamos a las ciudadanos que ejerzan su derecho de interponer recursos contra una ley que solo violenta los derechos de las personas y organizaciones. Tenemos derecho a la organización y a la participación y esta ley lo que quiere es, no solo controlar los recursos financieros sino controlar las acciones de las personas», concluyó la promotora y defensora de los derechos de la mujeres.