La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del régimen de Daniel Ortega que pretende fiscalizar los recursos de las ONG y limitar la participación política en Nicaragua.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
Gustavo Porras, presidente sancionado de la Asamblea Nacional, y Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, son los funcionarios a los que la CPDH denunció ante el Poder Judicial por promover, sancionar y publicar dicha normativa, que de acuerdo con los abogados de ese organismo la «Ley Putin» viola 26 artículos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, entre estos, la libertad de expresión y de protesta.
Noticia relacionada: CPDH prepara recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Agentes Extranjeros
Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, señaló que «como ciudadanos nicaragüenses tenemos derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia cuando la Asamblea Nacional ha violado nuestros derechos y garantías constitucionales. La ley nos afecta como ciudadano porque tiene 26 roces con la Constitución Política. Nosotros como nicaragüenses no podemos perder el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de protestar».
El defensor agregó que con «esta ley estamos siendo discriminados, no solo las personas que trabajan en las organizaciones que reciban recursos del extranjero, sino esta ley afecta a todos los nicaragüenses por igual y no entendemos como esta Asamblea Nacional que dice legislar a favor del pueblo esté aprobando leyes antidemocráticas, de corte dictatorial, el cual no beneficia en nada al pueblo de Nicaragua (…) Pueden venir todos los nicaragüenses que se sientan afectados (…) También están familiares de presos políticos, de tal manera que también ellos están haciendo eco de este rechazo a esta ley aberrante e inconstitucional contra el pueblo de Nicaragua»
Carla Sequeira, abogada de la CPDH, recordó a los ciudadanos nicaragüenses que tienen 60 días para interponer su recurso por inconstitucionalidad contra esa normativa, lo cual pueden realizar a título personal o colectivo y que después de este proceso el Poder Judicial tendrá que notificar resolución y dictar sentencia, un proceso que también puede durar dos meses.
«Esta ley vulnera derechos y garantías de los nicaragüenses. En caso que la Corte fallara a favor la Asamblea tendría que cercenar la ley, reformarla en los artículos que se estime violan los derechos establecidos en la Constitución, sino eliminarla, pero si el fallo es negativo tendríamos que acatar y esperar a que el Ministerio de Gobernación diga cuál sería el mecanismo para poder inscribirnos como agentes extranjeros», explicó Sequeira. Asimismo, declararon que si la resolución no les favorece, tras agotar la vía interna recurrirían a instancias superiores internacionales.
Por su parte, la exprisionera política de Masaya Karla Patria Ñamendi, quien llegó a respaldar la iniciativa de la CPDH, denunció que «lo que llama la atención es que esta ley está diseñada solo para los opositores, para quien no piensa igual. Seguimos firmes para seguir protestando porque las cosas se tienen que llevar conforme el término legal».
La aplanadora orteguista aprobó el 15 de octubre con 70 votos a favor la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ignorando el rechazo nacional e internacional contra esa normativa y hasta desafiando a la Unión Europea (UE) que advirtió que si se aprobaba habría consecuencias contra el régimen.
