El proyecto de resolución que fue entregado a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser debatido y aprobado este miércoles, en la quincuagésima Asamblea General de ese organismo regional, solo se limita a denunciar las violaciones de los derechos humanos, la represión y el encarcelamiento de opositores e «insta al gobierno de Nicaragua» a que permita la llegada al país de las misiones internacionales de derechos humanos y a que la OEA «apoye» en el proceso de reformas electorales.
De acuerdo con el documento de la posible resolución, la solicitud de las organizaciones sociales y de la oposición de Nicaragua no está siendo incluida. No hay fecha limite para la liberación de los prisioneros políticos ni para el retorno de los exiliados como han sugerido.
El miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y también miembro de la mesa de trabajo de organización territorial de la Coalición Nacional (CN) Félix Maradiaga dijo a Artículo 66 que el proyecto de resolución definitivamente «peca por no llamar las cosas por su nombre».
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La resolución que será debatida para ser aprobada se denomina «Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas» y fue promovida por las misiones permanentes de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela.
Dicho documento, en sus aspectos previos a la resolución expone que «los Estados miembros reiteraran la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país…»
Además, el documento de la propuesta señala que «el Gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos; no ha permitido la labor efectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); y no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica».
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Los Estados patrocinadores de la propuesta de resolución incluyen «la preocupación por el hecho de que las detenciones arbitrarias no han cesado; que las fuerzas policiales auxiliares y las milicias armadas del partido en el poder —que han continuado sus abusos y acciones ilegales— no han sido desmanteladas, tal como lo pidió la CIDH; que la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos no ha sido protegida; y que no se ha permitido el regreso seguro y permanencia de todas las personas que fueron obligadas a abandonar Nicaragua».
Otro aspecto que retoman los miembros de la OEA y que se limitan a decir que «observan con alarma» es tendencia a utilizar la legislación para intimidar o amenazar a los miembros de los grupos prodemocráticos y de los medios de comunicación independientes en Nicaragua, con leyes como la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros además de la iniciativa de Ley que está por aprobarse llamada de Ciberdelitos o Ley Mordaza.
Después de dar vueltas en consideraciones, alarmas, preocupación, reiteraciones y señalamientos, resuelven en el primer punto «reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas, e instar al Gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana».
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En el segundo punto resuelven «instar al Gobierno de Nicaragua a que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral de Nicaragua».
Y finalmente, en el tercer numeral, la OEA, de aprobar esta propuesta de resolución, solicita a la Secretaría General del organismo regional que «apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas».
Asimismo, proponen que para que sea posible el «apoyo» de la OEA se deben dar una serie de condiciones entre las que se destacan, la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
Además, piden la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes más observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
En el punto cuatro, la OEA insta a que «se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque a elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021».
El dirigente opositor Felix Maradiaga opinó que «los tiempos de la diplomacia no son tan rápidos como nos gustaría y el lenguaje multilateral muchas veces peca por no llamar las cosas por su nombre. No obstante estas características, la Asamblea General de la OEA es un paso necesario para garantizar la condena efectiva del régimen y para abrir junto a los procesos internos, el camino a la libertad y a la democracia que necesitamos con tanta urgencia».
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Para Maradiaga, esa posible resolución deja ver aspectos positivos entre los que destaca la mención explícita a la situación de las presas y presos políticos, la denuncia contundente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de toda la ciudadanía nicaragüense y un reconocimiento, «quizás no demasiado explícito, al rompimiento del orden constitucional que ha provocado (Daniel) Ortega al concentrar todos los poderes del Estado en torno a él».
Otro aspecto que según el dirigente opositor, es destacable es la «denuncia contundente al paquete de leyes espurias como la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la propuesta de cadena perpetua por crímenes imprecisos».
No obstante lo positivo, Maradiaga se muestra un tanto cauteloso al analizar las exigencias que hace la OEA al régimen de Daniel Ortega sobre las reformas electorales y las trata como «un emplazamiento más o menos fuerte a la dictadura para realizar unas reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres, justas, transparentes y ampliamente observadas», sin embargo, también aplaude que se ponen para esas reformas «tiempos específicos, aunque muy amplios y sin hitos para ir midiendo el avance para que todo lo que se pide se logre»
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El miembro de la Coalición Nacional recuerda que «en gran medida hoy estamos aquí (en dictadura y represión) porque la OEA, muchos de sus Estados miembros y la Comunidad Internacional en general, a pesar de las advertencias que muchos hicimos, cometieron el error de guardar silencio en el 2011 y en el 2016 ante unos procesos electorales que no tuvieron que ser válidos sencillamente porque constitucionalmente Ortega no podía reelegirse».
«El silencio de la OEA, junto a la complicidad de muchos aquí mismo en Nicaragua, legitimaron a la dictadura que hoy tenemos y lograr hoy la ilegitimidad requiere de la aprobación de tres cuartas partes de la membresía de la OEA y de la unidad sin fisuras de todas las fuerzas que adversamos a Ortega. Lo dijimos en su momento en el 2011, luego en el 2016 y nuevamente desde 2018, para el pueblo de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra es un presidente ilegitimo e inconstitucional», concluyó Maradiaga.
