La Coalición Nacional (CN) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en cartas separadas, pidieron a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ponga fecha específica al régimen de Daniel Ortega para la liberación de los presos políticos. También, demandaron que solicite se garantice el retorno seguro de los exiliados nicaragüenses que se vieron obligados a huir del país producto de la represión desatada a partir de 2018.
«Al incremento de la represión a través de la instrumentalización de los poderes del Estado y las leyes, se suma el persistente problema de los presos políticos, que totalizan 113 en estos momentos que incluyen al menos 10 que están detenidos injustamente desde antes del 2018. Persisten los abusos en contra de ellos y recientemente unos 50 presos iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones de abuso del que son objeto», denuncia la Alianza en su carta dirigida a la Asamblea General de la OEA.
Noticia relacionada: OEA pide al régimen que corrija «la alteración al orden constitucional» en Nicaragua
La OEA celebrará su 50 Asamblea General los días 20 y 21 de noviembre en Washington, Estados Unidos, y parte de su trabajo estará dedicado a analizar la situación de Nicaragua.
En su carta a la OEA, la Alianza Cívica expresa que «queremos solicitarle de manera especial sus buenos oficios para que el tema de los presos políticos sea atendido de manera especial en las deliberaciones de la próxima Asamblea General. La liberación de los presos políticos es y ha sido un punto de la más alta prioridad en la lucha del pueblo nicaragüense por la justicia y la democracia».
Luis Almagro, junto a Daniel Ortega durante una de las reuniones entre la Secretaría General de la OEA con el régimen para encontrar una salida democrática a la crisis que vive el país.
En tanto, la CN se dirige a los integrantes de la OEA señalando que «en las últimas semanas el régimen de Ortega ha escalado la represión, ha incrementado el acecho y persecución los activistas y opositores, ha desatado el terrorismo fiscal contra medios independientes, mantiene como presos políticos a más de cien nicaragüenses. El uso de la fuerza bruta a través de la Policía y sus grupos paramilitares es lo único que los sostiene en el poder».
Noticia relacionada: Mike Pompeo abogará ante la OEA por más presión contra el régimen de Ortega
Los miembros de la CN resaltan que esa agrupación política sigue sosteniendo desde el inicio de la rebelión del 2018 que la mejor salida a la crisis es la realización de elecciones libres, transparentes, inclusivas y observadas, pero antes de ellas, debe darse la liberación total e incondicional de todos los presos políticos y el pleno respeto de las libertades democráticas.
La Coalición insiste a los participantes del cónclave regional que el orteguismo es un régimen carente de legalidad y que bajo esa administración n se vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere de urgente atención de parte de la comunidad interamericana y de la comunidad internacional en su conjunto.
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Estamos probablemente ante la última oportunidad para evitar que la dictadura de los Ortega-Murillo se apuntale en el poder llevando con ello al país y a la región a mayor inestabilidad y violencia», advierten.
Noticia relacionada: Human Rights Watch insta a la OEA a pronunciarse urgentemente contra leyes de Ortega
«Por la emergencia democrática que nos aflige, respetuosamente, demandamos a la Asamblea General una resolución contundente que: Condene al régimen por la violación de los derechos humanos demostrados irrefutablemente por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y por los crímenes de lesa humanidad ilustrados por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). Demande el cese de la represión de inmediato», urgen los miembros de la Coalición Nacional.
Asimismo, le piden a los asambleístas de la OEA que «pongan plazos al régimen para la libración de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019 para el desarme de los paramilitares y para que las libertades constitucionales sean restituidas y que se demande el retorno de los exiliados con el acompañamiento de la CIDH para su seguridad».