Exiliados piden a la OEA que ponga un alto a Ortega para que Nicaragua no acabe en una guerra civil

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) envió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta para pedirle a los países miembros que durante la celebración del 50 periodo ordinario de la asamblea general que realizará esa entidad el 20 y 21 de octubre exijan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese inmediato de la represión y la violencia contra los nicaragüenses.

Los firmantes, que representan a campesinos, estudiantes, obreros y empresarios que se vieron obligados a huir del país por presentar una amenaza para su integridad física, denuncian que la administración de turno no ha mostrado voluntad por frenar el estado de terror que ha implementado en la nación desde 2018 y que por el contrario «el pueblo ha venido sufriendo un escalonado y creciente deterioro en el ejercicio de sus derechos fundamentales, situación que se ve expuesta día a día con las muestras de represión, violencia, cárcel, agresión física, campaña de desinformación sistemática, espionaje, búsqueda de control absoluto de la vida privada, persecución política y muerte, ordenada por el Gobierno de Nicaragua y ejecutada por los mismos cuerpos de seguridad del Estado y terceros armados».

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Ante esto, que los exiliados catalogan como «una actitud desafiante y hostil» hasta con la comunidad internacional que ha reiterado el llamado a garantizar la paz en el país, piden que la OEA desconozca la legitimidad del régimen, el que afirman aplica violencia estatal en todas sus modalidad. La UEN sostiene que si se mantiene esa presión contra los ciudadanos podría desencadenar en una «una dolorosa e inevitable guerra civil, cuyo costo será altamente negativo no solamente para el pueblo de Nicaragua, sino también para la región en general, con mayores consecuencias inmediatas para los países vecinos».

Igualmente, solicitan que presionen a la dictadura orteguista para que garantice elecciones libres, transparentes, con observación internacional y anticipadas o que convoque a un referéndum revocatorio que instale un gobierno de transición. Sin embargo, Ortega y Murillo no han ni siquiera dado muestras de empezar con reformas electorales, pese a que ha sido una demanda de organismos internacionales y de los grupos de oposición del país.

«Es precisamente por medio del mecanismo más directo de ejercer la democracia (el referéndum), que el pueblo de Nicaragua disipará cualquier duda que pudiese tener la comunidad internacional, en cuanto a las genuinas intenciones de los nicaragüenses, de cesar el mandato de los actuales gobernantes y convocar a elecciones libres, justas, secretas, verificables y con pluralidad de partidos y organizaciones políticas. Desde luego, que este proceso deberá necesariamente venir acompañado de una amplia y activa observación internacional, que garantice la transparencia de la voluntad del soberano», resaltan en el escrito.

Para ello, también aboga para que en esas reformas se incluya el voto en el extranjero. Asimismo, exigen la liberación inmediata de los 113 presos políticos y el desarme de los grupos paramilitares que operan en complicidad y protección de las Fuerzas Armadas de la Policía orteguista y el Ejército de Nicaragua, según los mismos reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, recomiendan que tras la asamblea general se convoque a una sesión extraordinaria no mayor de 30 días para evaluar la situación de Nicaragua y el cumplimiento de cada una de las exigencias al Gobernación y que en caso de no cumplirlas se suspenda al Estado de Nicaragua como país miembro de la OEA.