El desempleo, el incremento de la pobreza, el aumento de la delincuencia y la continua represión dirigida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva a los nicaragüenses a asumir que el país va por el «rumbo equivocado», al menos eso refleja la encuesta presentada este dos de octubre por la firma costarricense CID Gallup.
Ese pesimismo inició un año antes de la rebelión de abril de 2018. El estudio de opinión pública señala que para septiembre de 2020, el 67% de los encuestados consideraba que la nación venía en caída libre. Ese porcentaje solo fue superado en este año en mayo cuando alcanzó un 71% igualando el índice del año en que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua.
El periodo entre mayo y septiembre de 2020 coincide con la embestida de persecución y hostigamiento que ha emprendido la dictadura contra excarcelados políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes opositores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Coalición Nacional (CN) y el Movimiento Campesino.
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CID Gallup advierte que ese «sentimiento de desesperanza es generalizado en todos los grupos de edad y más aún en los menores de 40 años, donde es menor la proporción de ciudadanos que vislumbran con esperanza el rumbo del país». Nicaragua debería de ir a un proceso de comicios generales en noviembre de 2021, lo cual ha llevado a grupos nacionales e internacionales a exigir reformas electorales, desencadenando una mayor persecución contra los líderes.
Otro de los puntos que eleva la percepción de desesperanza entre los nacionales ha sido la decisión de los Ortega-Murillo de poner en libertad a presos comunes, entre los que hay violadores, femicidas y delincuentes que a mano armada se dedicaban a asaltar. «El hecho que en los últimos meses el gobierno central ha tomado la decisión de indultar a privados de libertad de todas las cárceles del país ha provocado un incremento en los actos delincuenciales que les afecta la confianza y seguridad en el futuro de la población».
La dictadura este año ha liberado a más de 22 mil delincuentes como parte de una operación populista de Ortega, mientras mantiene al país en estado de sitio de facto, listos para irse en contra de quien se atreva a protestar o movilizarse en su contra.
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Asimismo, la firma recalca que unido al clima de inseguridad política, económica y social se ha presentado la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la que en números oficiales no ha generado grandes estragos, puesto que la administración en el poder minimiza la situación y el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el 27 de septiembre solo reconocía 5,170 pacientes confirmados y 151 decesos, desde que reportaron el primer caso el 18 de marzo.
Sin embargo, debido a la falta de voluntad de la dictadura de establecer medidas de prevención, la ciudadanía buscó sus propios métodos de protección, pese a ello hubo un desfile de entierros exprés nocturnos, los que la institución intentó ocultar con epicrisis en las que atribuían la muerte a otra causa y es así que sus cifras se empezaron a estrellar con las que presenta el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, el que hasta el 23 de septiembre asumía un acumulado de muertes vinculadas al virus de 2,735 y en cuanto a casos atribuye 10,396 ciudadanos afectados.
