El anteproyecto de Ley de Ciberdelito, conocida como Ley del bozal, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere implementar en un contexto preelectoral, representa un método de censura a periodistas, medios de comunicación y toda aquella persona que, incluso, publique o difunda información de manifestaciones opositoras o hechos que el régimen considere «delito».
Aunque la iniciativa, de manera general, aborda el ciberacoso, abuso sexual online; y la destrucción, daño o modificación a sistemas informáticos, entre otros, el régimen aprovechó para incluir otros «delitos», cuya perpetración queda a discrecionalidad de la administración de la pareja presidencial.
El experto en marketing digital Manuel Díaz explicó que según el artículo 29 del anteproyecto de ley sandinista «el simple hecho de hablar, de algo que es delito (andar chimbombas azul y blanco, por ejemplo) es suficiente para echarte preso».
El anteproyecto en su Capítulo Dos sobre delitos relacionados con la integridad de los sistemas informáticos, vuelve a hacer referencia a la denominada «información falsa», término que el régimen y seguidores del partido de gobierno han achacado a periodistas y medios de comunicación, que publican información que no responde a la línea gubernamental.
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«Pues bien, además de amenazas y hablar de delitos, ahora tampoco podes hablar de algo que no sea aprobado (publicado) por (medios de comunicación del gobierno). Cualquier noticia, que al Comandante le ronque marcar como “falsa”, también (te puede llevar a la cárcel)», explicó Díaz, en su blog.
«Así que medios de comunicación (independientes), de ahora en adelante todo lo que publiquen puede y va a ser ilegal», agregó.
No obstante, la iniciativa abre un abanico de posibilidades que, en un contexto democrático, llevaría ante la justicia a toda persona que amenace a otro a través de la internet y/o haga imputaciones contra el honor o prestigio.
Díaz, ejemplificó las amenazas de muerte contra periodistas independientes y sus familias, que en algunos casos, obligaron a los reporteros a exiliarse para preservar su integridad física. «Supongo que ahora (el periodista Gerald Chávez) va a poder ir a la policía a denunciar a los paramilitares para que se echen presos», dijo Díaz con tono de sorna.

Sin embargo, manifestó que «en Nicaragua, sabemos que este artículo es para que nadie vuelva a mencionar los crímenes de lesa humanidad que hace Daniel Ortega y sus paramilitares. Tampoco hacer denuncias, ni filtraciones. Silencio desde ahora».
El gobierno también quiere deshacerse de todas las amenazas y boicot cibernéticos del grupo «Anonymous», el cual ha logrado ingresar a sus sistemas y difundido información pública que no han publicado de manera oficial. «Todas esas veces que Anonymous ha botado los sitios del gobierno, o cuando un hacker cualquiera pone la bandera de otro país en donde estaba la página principal (deface), aplica este artículo (8) », añadió.
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El anteproyecto se dirige, de manera general, a toda aquella persona que usa internet en el país. El Artículo 22 sobre suplantación y apropiación de identidad informática, el experto ejemplificó que «si alguien dejó su usuario conectado a Facebook en una computadora pública, ni lo toques, cerrá sesión inmediatamente. Primero porque tenés que ser una persona decente, pero ahora además porque podés ir preso».
Asimismo, «cualquier filtración de audio, video o unas capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp, estás listo, vas preso (artículo 7). Importante destacar, que en este, al igual que en el artículo anterior (arto. 6) hablar de “conversaciones ajenas”», dijo Díaz.
El Artículo 13 referido a espionaje informático, Díaz comentó que «robarse los datos de alguien y hacerlos públicos debería ser delito. Aquí, en todo caso, en la mayoría de los casos, son los (fanáticos del régimen) los que hacen esto (y), son inmunes.
No obstante, la iniciativa no deja claro algunas definiciones. «Ahí dice “indebidamente”. Eso no tiene significado legal, sobre todo porque luego dice “información pública reservada contenida”. Eso quiere decir que lo que está publico en Internet es reservado», se cuestionó Díaz.

En su persecución contra quienes considere «ciberdelincuentes», el gobierno y sus jueces tendrán la autoridad, para «confiscar la computadora, poner un sello, solicitar información a Claro- proveedor de servicios- y copiar los datos» (Artículo 38).
La autoridad podrá «decirle a Claro- proveedor de servicios- que te espíen. Todo lo que hiciste en la semana o bien, lo que estás haciendo ahorita» (Artículo 39, numeral 11); y «realizar la intervención o interceptación de las telecomunicaciones en tiempo real»,
Y las extralimitaciones incluyen, «si ya inició el juicio, pues avísenle al (supuesto delincuente) que le vamos a (procesar) para que (si quiere) esté presente. Pero, en realidad vamos a hacer lo que dice el artículo 246 de otro código, ese que dice que podemos hacer todo lo que dice aquí, sin la orden de un juez, siempre y cuando luego consigamos el aprobado de dicho juez. Como quien dice, se vale eso de pedir perdón y no permiso. Vos sabes, por la “urgencia”», señaló Díaz en su blog, normalmente dedicado a hacer parodia, aunque en este artículo, con tono sarcástico, se dedicó a escurcar en cada artículo de la iniciativa de ley.
«La única esperanza es que por la falta de conocimientos técnicos, mucho de lo que dice aquí no podrá hacerse realmente. De hecho, lo de robarse celulares y usar conversaciones de dudosa legitimidad como prueba de terrorismo azul y blanco (opositores) ya está en uso desde el 2018, así que esta ley no hará la diferencia. Dos cosas sí son ciertas: uno, esta es una ley penal, así que (la dictadura) va en serio, recetando cárcel a todo el que usa Internet. Y dos, seguimos este ritmo de leyes plan “vamos con todo”», finalizó Díaz.
La verdad que cada gobierno puede ejercer su poder que le concede el poder ejecutivo, mi opinión es que yo prefiero un gobierno directo y preciso y no como los últimos dos gobiernos de mi país Costa Rica que habkan tanto de los gobiernos totalitarios y ellos son peores xq son totalitarios pero doble cara.
Esto es lo que hacen en un “gobierno” tirano que no le interesa respetar los derechos a la libre expresión de sus ciudadanos, es a base de estas leyes arbitrarias y repudiable que se pretende callar el clamor del pueblo. Pero no tomaron en cuenta estos cuatreros de ortega y murillo, con minúscula adrede, que la valentía y el orgullo del Nicaragüense por su Patria, esto no los va a amedrentar. !!! ADELANTE PUEBLO VALIENTE Y LUCHADOR NICARAGÜENSE. ¡¡¡
O sea que ya ni comentarios de comentarios vamos a poder expresar. Clase de dictadura, la de Xohxa en Albania se le queda corta.
Ya que no les gusta que se utilizen la red para decirles sus verdades a este gobierno, hay que volarles verga en su medio informativo de la red, el 19 digital, donde hablan maravillas, y contradecirles en su espacio de comentarios,