Los diputados de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional presentaron este lunes, 28 de septiembre, una iniciativa de «Ley Especial de Ciberdelitos de orden público con protección a la seguridad soberana del Estado», con el objetivo de «prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas», señala el documento.
Los opositores Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío, menor de año y medio asesinado en la represión de 2018 presuntamente por agentes policiales, y el exatrincherado Balbino Colleman fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote en Managua. El régimen los señala de robar un vehículo, aunque los familiares de los detenidos dicen que los dos acusados ni siquiera saben conducir.
La iniciativa también incluye la «protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en la Ley».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus parlamentarios, señalan que «quien haciendo uso de de las tecnologías de la información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos de multa».
Noticias falsas
Agregan que quien «difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa».
Dejan claro que «si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, sele impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa».
A su vez, señala que «quien amenace a otro a través del uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación con: causar a él, a su familia o a otras personas con las que esté relacionado, un mal que constituya delito y que por su naturaleza parezca verosímil, se le impondrá pena de uno a tres años de prisión». «Si la amenaza se hiciera en nombre de entidades o grupos reales o supuestos, se impondrá pena de tres a cinco años de prisión».
«Si la amenaza de un mal que constituya delito fuese dirigida a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, colectivo social o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran la capacidad necesaria de conseguirlo, se impondrá de cuatro a seis años de prisión», resaltan los diputados.
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El régimen, por otro lado, busca regular «la protección de los sistemas informáticos del Estado a aquellos destinados a la prestación de servicios públicos». Según la iniciativa, «mediante orden judicial de la la Policía y el Ministerio Público puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos».
«Se aplicará a quienes cometan los delitos previstos en la Ley, dentro o fuera del territorio nacional», destaca el documento. Añaden que los procesos investigativos serán confidenciales y se prevé Cooperación Internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua. Los diputados sandinistas que controlan el Parlamento Nacional pasaron a agenda la iniciativa de manera casi inmediata, para discutirse el próximo miércoles, 30 de septiembre.
Diay HP digan la verdad y no van a tener problemas maloaridos
En apariencia una buena ley, pero la forma sesgada en que quieren aplicarla es para injusticia. Es una ley que buscan aplicar de manera discrecional, hasta arbitraria si así conviene a sus intereses políticos. La misma Corte Suprema de Justicia debería revisarla para corregir los posibles vicios e interpretaciones ilegales e inconstitucionales.
Las acciones del régimen llevarán al Pueblo a tener que buscar con mas aínco el final de la dictadura.
Problemas graves con esta iniciativa:
1. ¿Quien determinará la verdad, la mentira o calificación de las expresiones?
2. ¿Qué hará el régimen con otros ciudadanos en otros países u organizaciones multinacionales como el Presidente, funcionarios, Senadores y Congresistas de EEUU y Europa y la OEA, cuando califiquen el régimen de terrorista, dictadura, violador de DDHHs, etc.?
3. ¿Como ejercerá sus “condenas” en otros países?
Bueno si esa ley se aplica a sapos y no sapos que bien, por que hay muchos sapos que en las redes.han amenazado de muerte a los opositores y tambien la policia aveces da en sus comunicados información que no son como verdaderamente sucedio