Michael Healy Lacayo, en su primera comparecencia como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que del corto a mediano plazo la organización gremial estaría diluyéndose de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de modo que los empresarios estarían representando al sector privado en carácter personal. Con ello se interpreta, que los miembros del Cosep estarían dentro de la agrupación opositora de forma temporal.
La Organización de Víctimas de Abril (OVA), la Unidad Gremial por Nicaragua (UGN), Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) y la plataforma de acciones Retorno al Grito de Abril realizarán este 10 septiembre, una conferencia de prensa online donde exigirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) declarar ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega.
Noticia relacionada: Michael Healy promete no dialogar con régimen represivo
Entre los argumentos que resaltarán para fortalecer su petición se encuentran las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, lo que está plasmado en los casi cien presos políticos que el régimen se resiste a dejar en libertad y en la prohibición de marchas pacíficas o el peligro que representa en el país ondear la bandera azul y blanco. Asimismo, presentarán un panorama del mal manejo de la dictadura frente al COVID-19.
Organizaciones opositoras exigirán a la OEA declarar ilegitimo al dictador Ortega. Foto: Tomada de internet
Esta nueva presión llega con el objetivo de que en caso de lograrse los gobiernos de la región tengan la posibilidad de presionar con sanciones bilaterales, que obligarían a la administración Ortega-Murillo a sentarse a negociar y parar la represión en el país así como garantizar los derechos constitucionales y elecciones libres y transparentes.
Noticia relacionada: Ola de secuestros y asedio policial contra opositores por «operación preso 198»
Al menos cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron sacados de sus casas por la fuerza y sin ninguna orden judicial por parte de efectivos de la Policía del régimen de Daniel Ortega, como respuesta a la acción de protesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que denominó «Operación Preso 198» en la que pegaron papeletas advirtiendo a Ortega que se va del poder.
La Policía allanó y capturó sin dar explicación, primero a Juana Castellanos, habitante de Ocotal y directiva departamental en Nueva Segovia de la opositora Alianza Cívica. A la activista se la llevaron hacia la estación policial de Ocotal. Casi al mismo tiempo, pero en Juigalpa, Chontales, los uniformados ejecutaron un operativo de allanamiento y secuestro contra la casa de Alcides Díaz Castilla a quien también trasladaron a la delegación donde continúa detenido arbitrariamente.
La misma suerte corrió la doctora, activista y colaboradora de la Alianza Julia González, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Juigalpa. Los antimotines además secuestraron al esposo de González, el también doctor, especialista en patología Erick Rafael Barberena Zelaya, de 61 años y jubilado y al hijo de la pareja de médicos.
