Al menos cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron sacados de sus casas por la fuerza y sin ninguna orden judicial por efectivos de la Policía del régimen de Daniel Ortega, como respuesta a la acción de protesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ACJD) que denominó «Operación Preso 198» en la que pegaron papeletas advirtiendo a Ortega que se va del poder.
Entre la tarde del martes ocho de septiembre y la mañana del miércoles nueve, la Policía allanó y capturó sin dar ninguna explicación, primero a Juana Castellanos, habitante de Ocotal y directiva departamental en Nueva Segovia de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), a la activista se la llevaron hacia la estación policial de Ocotal. Casi al mismo tiempo, pero en Juigalpa, Chontales, los policías ejecutaron un operativo de allanamiento y secuestro contra la casa de Alcides Díaz Castilla a quien también se lo llevaron hacia la delegación policial donde hasta este miércoles lo mantenían detenido arbitrariamente, según denunció Juan Sebastián Chamorro, dirigente de la ACJD.
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A Díaz Castilla, durante el allanamiento, le decían que buscaban armas y que lo interrogarían por el asunto de las papeletas que habían amanecido pegadas en varios lugares de Chontales.
Muy temprano, este miércoles, los antimotines del régimen allanaron la casa de la doctora Julia González, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Juigalpa, buscando a la médico que es una reconocida opositora al gobierno y activa colaboradora de la Alianza Cívica, al no encontrarla a ella porque se encuentra fuera de la ciudad, en actividades de su trabajo profesional, los antimotines secuestraron al esposo, el también doctor, especialista en patología Erick Rafael Barberena Zelaya, de 61 años y jubilado.
Los policías también se llevaron por la fuerza al hijo de la doctora González y del doctor Barberena, el joven ingeniero agrónomo, de 23 años, Rurick Barberena González.
Juan Sebastian Chamorro aseguró que esta arremetida represiva del régimen de Daniel Ortega en contra de activistas de la Alianza es una respuesta desesperada del dictador ante las protestas cívicas que no puede controlar.
«Nosotros sabíamos que habría represión después de la audaz acción de protesta que nosotros denominamos Operación Preso 198, que demostró a la dictadura que no hay miedo, que el pueblo se mantiene en pie de lucha y protesta para conseguir un país libre y democrático, y ahí esta el régimen, reprimiendo una protesta cívica, secuestrando a nuestros activistas, asediando casas de opositores, allanando arbitrariamente. Exigimos que sean puestos en libertad todos los presos políticos», dijo Chamorro.
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La activista de la ACJD en Juigalpa Julia González dijo a Artículo 66 que su esposo fue detenido sin ninguna orden judicial por lo que eso se constituye en secuestro, además que el médico ni su hijo se meten en política porque la que es activa opositora al régimen es ella.
«Desde que aparecieron las papeletas pegadas por todas partes, ellos (los policías) andan sospechando de todo el mundo, y llegaron a mi casa a buscarme a mi, y al no encontrarme se llevaron a mi esposo y a mi hijo. El caso es que ellos no se meten en política, la política soy yo. Ahora me asusta cómo la Policía inventa cargos y temo que le vayan a inventar cargos a mi esposo y a mi hijo, ojalá que no, pero de esta Policía todo se puede esperar», dijo la activista de AC.
La doctora Gonzalez explicó que su hijo apenas tiene dos meses de haber regresado a Juigalpa después de estudiar en el extranjero y se está dedicando a trabajar en la finca familiar. Ahora, según dijo, le da miedo regresar a su casa porque también la pueden secuestrar a ella.
Agregó que ella fue médico forense y trabajó por más de 20 años para la Corte Suprema de Justicia. Fue despedida en el 2018, acusada de ser parte de la rebelión de abril.
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El caso de su esposo y su hijo, así como el de Juana Castellano y Alcides Díaz ya está siendo denunciado ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Por su parte, Eliseo Núñez Morales, dirigente de la AC, dijo que los secuestros de los dos activistas más los dos familiares de la colaboradora de la Alianza en Juigalpa son parte de la represión desatada a partir de la acción de protesta de las papeletas y que esa organización política va a trabajar denunciando esos secuestros hasta conseguir la liberación de las cuatro personas y de todos los presos políticos que mantiene el régimen en las cárceles del país, todos acusados por delitos comunes prefabricados por la Policía.
