El régimen Ortega-Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), despojó de seis propiedades a la Fundación del Río, un Organismo No Gubernamental de Río San Juan que fue tildado por el gobierno como «golpista» en medio de la crisis política que estalló en el 2018, según denunció el directivo de la ONG a través de un comunicado.
Según la denuncia difundidad por la Fundación del Río, la «confiscación» que ejecuta el gobierno contra esta ONG, incluye seis propiedades que suman unas 454 manzanas entre las que se destacan viarias áreas de reserva privada destinadas a la conservación del medio ambiente.
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Entre las áreas confiscadas están la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, donde además existe un centro de capacitación para la conservación ambiental, la Reserva Aguas Claras, la Reserva Lapa Verde y la Estación Biológica de Mancarroncito. todas estas propiedades son destinadas para promover la protección del medio ambiente pero habían sido ocupadas por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como una represalia contra el organismo porque supuestamente apoyó la rebelión del 2018. Los actos de represión contra esta entidad incluyeron la cancelación de su personería jurídica en diciembre de 2018.

Además, de acuerdo con la denuncia hecha pública por el ONG, la confiscación incluye dos terrenos rurales, donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural del bosque y las instalaciones de la radio comunitaria Voz Juvenil, localizada en Boca de Sábalos, en el municipio de El Castillo.
A partir del mes de julio del presente año, las propiedades fueron militarizadas por efectivos de la dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía, los que llegaron escoltando a funcionarios del Marena y la PGR para instalarse en ellas y marcaron el territorio izando la bandera rojinegra del partido de gobierno junto a la bandera nacional, en todas las propiedades ocupadas.
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«En el mes de Julio inició una nueva etapa del proceso de confiscación, esta vez por la vía de los hechos, cuando funcionarios del MARENA junto a las fuerzas especiales de la Policía Nacional llegaron a las diversas propiedades e instalaron rótulos, la bandera del partido FSLN y la bandera de Nicaragua, dejando personal del Marena en la Reserva Silvestre Privada el Quebracho; todo esto bajo la coordinación de la Procuraduría de General de la República», denunció el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río.
Ruíz, explicó que todas las propiedades rurales del organismo ya habían sido tomadas ilegalmente por simpatizantes del partido sandinista (tomatierras) desde el 2018 como una represalia contra la organización.

Recordó que el decreto legislativo 8512-2018 mediante el cual el régimen manda a cancelar la personería jurídica de Fundación del Río, fue recurrido por inconstitucionalidad y además hay dos recursos de amparo en contra del Ministerio de Gobernación en torno al mismo caso, por lo tanto, el patrimonio sigue estando bajo la legalidad de la organización y de acuerdo con el mismo decreto, es la Junta Directiva del ONG la que debe decidir el destino de sus propiedades.
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Señaló que el artículo 2 del decreto de cancelación de la personería jurídica establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a la fundación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus estatutos».
El ambientalista señaló que ese artículo es bien claro y dado que Fundación del Río tiene definido en sus estatutos qué haría con su patrimonio, el Estado no puede estar decidiendo sobre esos bienes.
Los estatutos de Fundación del Río, publicados en la Gaceta Diario Oficial 117-2002 en su artículo 26 establece que sus bienes pasarían a grupos organizados y reconocidos jurídicamente que se encuentren trabajando activamente por el desarrollo y la conservación del sureste de Nicaragua.
«Esta acción de confiscación del gobierno de Ortega representa una nueva violación a la Constitución política y a los derechos humanos como la libertad de asociación y el derecho a la propiedad privada. Cualquier adjudicación a favor del Estado o de terceros, de los bienes de la Fundación, viola el articulo 44 de la Constitución que prohíbe la confiscación», concluyó el ambientalista Ruiz.